• Este 20 de noviembre, luego de 108 años, las esperanzas de transformación parecen adueñarse de la mayoría de los mexicanos; no sin la resistencia de quienes han ostentado el poder hasta ahora y sus privilegios
En 1910, bajo la férrea dictadura del General Porfirio Díaz, luego de la agudización de las contradicciones económicas y sociales, propiciadas por la depauperación de las condiciones de vida de miles de campesinos y una incipiente clase obrera, la cual comenzaba a surgir en las minas y en las fábricas textiles, estalló la revolución.
Este 20 de noviembre, luego de 108 años, las esperanzas de transformación parecen adueñarse de la mayoría de los mexicanos; no sin la resistencia de quienes han ostentado el poder hasta ahora y sus privilegios; de quienes gracias a ello ha amasado enormes fortunas y el trabajo en las instituciones del gobierno federal se hizo un medio de vida, una tradición familiar, como sí ese derecho les perteneciera sólo a ellos.
La resistencia a perder el poder y a la reducción de los salarios en la administración pública tiene fundamento. Han sido salarios superiores a los 80 mil pesos mensuales y, en algunos casos, cerca de los 200 mil pesos al mes; sin olvidar los casi 500 mil que reciben los magistrados de la Corte; becas para enviar a los hijos a estudiar al extranjero, relaciones para buscarles el mejor trabajo dentro del gobierno o en las instituciones internacionales; seguridad económica, viajes, prestigio y seguridad parecen esfumarse entre las manos de quienes, en medio de esta “revolución cívica” iniciada el primero de julio perdieron el gobierno y el poder.
Sin lugar a duda, el 1 de julio, ganó la opción civilizada, la opción pacífica para buscar una solución a las contradicciones económicas y sociales que se han venido acumulando en estos años, cuya mejor manifestación ha sido el incremento del crimen organizado, la violencia y la inseguridad, expresión del incremento del desempleo que no recogen las estadísticas del INEGI y de los salarios que, en la inmensa masa de trabajadores no supera los 9 mil pesos al mes, incluidos los policías que deben arriesgar su vida para ofrecer seguridad a los ciudadanos.
Y es que, en los últimos 20 años la vida no ha sido fácil para la mayoría de los mexicanos. Millones de connacionales han debido dejar el país para poder sobrevivir, mientras que otros, sin empleo y si medios de vida, han sido presa fácil del crimen organizado; sobre todo miles de jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar ni de encontrar un trabajo que dignifique sus vidas.
La llegada del presidente Donald Trump al poder en los Estados Unidos, ha cerrado la válvula de escape de la presión social para el gobierno mexicano. La política de tolerancia cero a la inmigración ilegal al país del presidente Trump y su odio a los mexicanos, su rechazo a continuar profundizando la integración económica a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han puesto en predicamento al gobierno mexicano, donde las contradicciones sociales parecen aumentar de nivel y la economía se ve incapaz de absorber el enorme bono poblacional, marginando a millones de jóvenes del trabajo formal.
Como en 1910, las contradicciones sociales se han agudizado en el campo. En las zonas rurales, producto de la incapacidad del Estado de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, han surgido las autodefensas y en las zonas urbanos la criminalidad y la inseguridad ha aumentado; los más de 53 millones de pobres, casi el 45% de la población estimada, son las principales víctimas de la descomposición social; sin contar los 11 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Sin que a nadie parezca importar en el país, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha insistido en señalar que 70% de los productores del campo en México viven en condiciones de pobreza y apenas tienen 17 mil pesos de ingresos anuales; en tanto que 22 millones de ellos no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta básica, esta es la razón por la cual se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos la mayoría de ellos o a pedir limosna en las ciudades del país. Como olvidar que, en 2010, en la Sierra Tarahumara, los Rarámuris morían de hambre y se produjo un éxodo de esta etnia Tarahumara.
En este 108 aniversario de la revolución, el presidente electo y su gabinete deben tener en cuenta que esta es la última llamada para hacer frente a la descomposición social en el país; de lo contrario, revueltas sociales y una nueva revolución, de dimensiones desconocidas, podría despertarnos un día, cuando ya no haya remedio para detenerla; pues no debe perderse de vista que el sector agropecuario se muere y lleva más de 20 años creciendo a una tasa promedio anual de apenas 1.6% y aporta difícilmente el 3% de la producción total del país, corriendo el riesgo de que esas armas que hoy empuñan las autodefensas mañana puedan volver a ser empuñadas por quienes hicieron la revolución en 1910.
