Grupo Universidad: el poder tras las rejas
A punto de cumplir un mes de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, considerada de alta seguridad en territorio mexicano, el ahora ex Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa, mantiene un control casi absoluto del organismo que presidió desde que fue creado, al grado de poner en marcha una estrategia para intentar sustituir la razón social de cada una de las 21 empresas universitarias por otras de reciente factura, para hacer uso de los recursos económicos que manejan pero que están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Luego que la madrugada del día 6 del presente mes en una maratónica audiencia el juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de Almoloya decretó prisión preventiva oficiosa a Sosa y otros tres implicados por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, la situación sin embargo en la institución educativa parecen no haber cambiado en nada, mucho menos en el Patronato, considerado el eje de las operaciones calificadas como ilícitas.
A lo anterior debe agregarse una estructura de mando en el terreno político que permanece incólume y en la que, pese a descalabros evidentes en fallidas postulaciones a presidencias municipales, se percibe la incredulidad de quienes, aún cuando han sido sus más acérrimos críticos todavía dudan, a estas alturas, que sea el fin del hombre más poderoso de la Máxima Casa de Estudios de la entidad hidalguense.
Los hechos parecen avalar esta actitud, porque cada uno de los diputados y diputadas locales que impuso en el cargo a través del partido de Morena, se han mantenido disciplinados a su líder, con todo y que se han replegado y dejado atrás las intervenciones en tribuna para retar al gobierno de la entidad y federal, a los que hasta hace poco acusaban de hacer uso de la justicia a su antojo para inculpar a quien califican como un “preso político”.
Lo mismo sucede en el Congreso federal con dos representantes del Grupo Universidad, una de las cuales, Lidia García, es hoy Presidenta emergente del Patronato Universitario, y Maribel Solís Barrera, ha sido ampliamente ligada a las empresas que hoy buscan a toda costa migrar a nuevas Sociedades Anónimas creadas al vapor para sustituir a las que están bajo la lupa de la UIF, alguna de las cuales padecen el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Sin embargo, el aspecto digno de ser mencionado es que, fiel a su estilo, Gerardo Sosa decidió girar la orden determinante de continuar con el proyecto central de hacerse de la presidencia municipal de Tulancingo, donde su hermano Damián de mismos apellidos, sigue en campaña a través de Morena lógicamente, con todo y que le ha sido negado un amparo para ser detenido. En Tula, otro personaje al que un día le aprueban su nominación y otro día se la quitan, regresa a campaña y confirma la presencia de Sosa en la elección por venir el 18 de octubre.
Un mes en prisión preventiva oficiosa que el dirigente del grupo político que ha manejado la UAEH durante más de 35 años, y que se cumplirá precisamente el día de hoy, en que pocos de sus colaboradores más cercanos han conocido de cerca el mundo, diametralmente opuesto al que vivió durante casi toda su vida en libertad, uno de los personajes de la política hidalguense no solo más cuestionables y polémicos, sino con más influencia en amplios sectores de la entidad, y que obligó a más de cinco gobernadores del estado a negociar con él a cambio de una aparente “tranquilidad” en la Máxima Casa de Estudios de Hidalgo.
Mil gracias, hasta mañana.
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@JavierEPeralta