El análisis criminológico revela que en 178 expedientes registrados, de 730 víctimas en el último semestre y cuyas muertes se relacionan con ajuste de cuentas entre cárteles, la procuraduría capitalina no tiene idea de los agresores

El fácil acceso a las armas de fuego, la disputa calle por calle para la venta de drogas al menudeo entre cárteles locales y la impunidad, son factores por los que se puede asesinar a cualquier persona sin consecuencia alguna, aseguran especialistas. 

Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) revelan que de los 730 homicidios dolosos registrados del 5 de diciembre de 2018 al 29 de mayo de 2019, se han resuelto 5% de los casos.

Sólo 40 personas imputadas en homicidios dolosos llegaron ante un juez, tres se judicializaron. El problema, aseguran académicos, es añejo y complica el trabajo de investigación de agentes asignados a homicidios en la procuraduría, pues cada día se van incrementando los expedientes, pero se da prioridad a casos de “alto impacto” o “mediáticos”, dejando de lado eventos de familias comunes.

El análisis criminológico revela que en 178 expedientes registrados, que contempla 730 víctimas durante el último semestre y cuyas muertes se relacionan con ajuste de cuentas entre cárteles locales, la procuraduría capitalina no tiene idea de quiénes fueron los agresores.

En marzo, Martha vio frente a su estética, en alcaldía Tlalpan, cómo asesinaron a su hijo de dos tiros en la cabeza, cuatro meses después, agentes de la Fiscalía de Homicidios de la PGJ no han dado avances de investigación. 

La mujer inició indagatoria independiente y gracias a aportación de información de sus vecinos, asegura que encontró al asesino. El problema es que ni un oficial hace caso ni la apoyan con la detención bajo el argumento que “tienen mucho trabajo”.

“La verdad es que la esperanza se va terminando poco a poco, el asesino de mi hijo vive en la colonia Fabela y nadie me ayuda. Uno hasta las fotos [del asesino] les lleva a los policías, pero no nos hacen caso, que no pueden, no tienen tiempo, tienen mucho trabajo”. 

Misma situación vive Ana Karen. El 12 de febrero asesinaron a su hijo en asalto a transporte público, entre Puebla y CDMX, porque no quiso entregar su celular. 

Consiguió videos de los agresores de su hijo, los entregó al agente del caso y éste simplemente le dijo: “Está bien señora, luego los reviso”, cinco meses después ni una llamada ha recibido. Incluso ha habido casos en los que por sólo traer 30 pesos, los asaltantes matan a los pasajeros. 

Para lograr una pronta resolución de los casos, los especialistas detallan que hace falta desde mayor profesionalización hasta más elementos en la dependencia local, de lo contrario, el problema se convierte en una bola de nieve imparable: “no puede ser que un solo agente tenga 20-30 casos, es imposible, ese es parte del problema”, comentó Luis Hinojos del Colegio de la Frontera Norte (Colef).