Conciencia Ciudadana
• El caso del Ingeniero José Fernando Moreno, ampliamente conocido en el medio universitario por su calidad profesional y académica, representa un caso paradigmático de las condiciones de trabajo en las que tienen que laborar la mayoría de los docentes de nivel medio superior y superior
Seguro de que son otros tiempos y otra la tónica con que se dirigen las instituciones educativas del país, el maestro José Fernando Moreno Vera, catedrático de la Universidad Politécnica de Pachuca tuvo la osadía, en una reunión de trabajo con autoridades y ejecutivos de la institución donde labora, de manifestar su inconformidad por el manejo faccioso y partidista al que se somete al alumnado de esa institución, obligándole a acudir a manifestaciones partidistas; así como el trato vejatorio que sufren los maestros de esa institución opuestos a ese género de medidas. Por respuesta -afirma Moreno Vera –el Rector de la UPP, Marco Antonio Flores González, inició una agresión física y verbal en su contra, a la cual siguió la notificación de su despido de la planta docente de dicha institución.
Ante tales medidas, Moreno Vera tomó la decisión de declararse en huelga de hambre el pasado 29 de enero; acción que, hasta la redacción de esta columna (viernes 2 de febrero), aún mantenía; a pesar de que tuvo que ser trasladado a una institución hospitalaria debido a la descompensación sufrida por la falta de agua y alimentos sólidos. Además, decidió levantar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dio entrada a la queja de oficio contra la institución educativa mencionada.
A diferencia de muchos otros casos, lejos de inhibir la inconformidad de la comunidad politécnica de la UPP, la arbitraria decisión de las autoridades no hizo sino acrecentar la inconformidad de la comunidad estudiantil y académica, quien se manifestó multitudinariamente al exterior de su Universidad en apoyo al académico agredido.
El caso del Ingeniero José Fernando Moreno, ampliamente conocido en el medio universitario por su calidad profesional y académica, representa un caso paradigmático de las condiciones de trabajo en las que tienen que laborar la mayoría de los docentes de nivel medio superior y superior en nuestro Estado y en especial en Pachuca (cuya vocación magisterial es casi una identidad citadina desde hace años), debido al gran número de escuelas, institutos y universidades que tienen en ella su residencia, donde los docentes son tratados como simples instrumentos de producción por sus dueños o directivos; en su mayor parte, personajes asociados con la vida política del estado; quienes, en los hechos, suelen guiarse por los intereses de gobernantes o partidos políticos, que les exigen mantener “quietas y en paz” a las comunidades universitarias, sofocando la menor manifestación crítica a las autoridades mediante toda clase de medidas punitivas: desde el uso de la violencia física contra alumnos y académicos por parte de grupos porriles a sueldo, hasta el acoso laboral; la desaparición de documentos y la baja de alumnos insumisos y críticos o, como es el caso que nos ocupa, con la separación fulminante de los docentes de su fuente de trabajo.
Da la impresión que en Hidalgo, sus instituciones de educación superior, parecen vivir en un pasado al que, definitivamente, la sociedad y en consecuencia quienes laboran en sus instituciones educativas, parecen no estar dispuestos a soportar por mucho tiempo más, como lo ha demostrado la respuesta del académico agredido en la UPP y la reacción de la comunidad estudiantil al manifestarle su apoyo.
Se hace necesario, pues, que la Conciencia Ciudadana manifieste su repudio a este género de arbitrariedades y su apoyo solidario a un académico más en la larga lista de afrentas e injusticias a un gremio dispuesto a no permitir que continúen las agresiones laborales y académicas, tomado en serio las promesas de cambio no sólo en materia de derechos humano, sino de la obligación de todas las instituciones públicas, incluyendo las universidades, de transparentar el manejo de sus recursos y democratizar su vida interna exigida por el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
Ni un caso más como éste debe seguir pasando por alto a la atención de la sociedad hidalguense.
Y RECUERDEN QUE VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS YA, CON NOSOTROS, SIN PRETEXTO ALGUNO.