El Gobierno de México reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado, además de haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia.

De las víctimas, solo dos se habían registrado ya como candidatos oficiales ante las autoridades electorales, cinco eran precandidatos y ocho eran aspirantes, es decir, solo habían expresado su intención de buscar un puesto, según detalló en una conferencia la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“En el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad”, dijo.

Esta es la primera cifra oficial de homicidios electorales del Gobierno de México, cuyo conteo está por debajo de las estimaciones de organizaciones ciudadanas, como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 10 el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023.

Rodríguez aseguró que el Gobierno tiene una estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a los candidatos federales que no demora más de 72 horas en resolverse.

“Hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo”, detalló la funcionaria.