El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, hizo un llamado al ejecutivo estatal a fin de que sean restablecidos los derechos laborales al maestro en huelga de hambre.

Con la firma, en calidad de presidente de la Junta de Gobierno de la 64 legislatura, el diputado local Ricardo Baptista González se pronunció en contra de las acciones que se llevaron, presuntamente, por algunas autoridades del gobierno estatal, con la que dijo que se pretendía “terminar de manera abrupta” la huelga de hambre iniciada por el profesor Manuel Fernando Moreno Vera, catedrático de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP).

Además de reiterar la solidaridad con el derecho que tiene el profesor para “hacer eco de las demandas de la comunidad universitaria, en cuanto a denunciar las condiciones laborales y salariales así como la denuncia de que son obligados a asistir a actos políticos”; por lo que solicitó la intervención del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, para que se investiguen los hechos antes mencionados y se deslinden responsabilidades.

Lo anterior luego de que el pasado fin de semana, fuera informado por los familiares de Moreno Vera sobre la manera en que el huelguista fue amedrentado e intimidado “al ser introducido en una ambulancia contra su voluntad y bajo un excesivo dispositivo de seguridad, poniendo en riesgo la integridad física, con una inusitada presencia de patrullas y elementos policiacos, para supuestamente recibir atención médica tras varios días de ayuno”, dijo.

El diputado agregó: “el día 29 de enero que fui informado de este asunto, solicité de inmediato la intervención del titular de la Secretaría de Educación, acordando con el secretario de Gobierno recibir de inmediato a los familiares con mi acompañamiento para privilegiar el diálogo y solución, sin embargo, ésta no se realizó”.

Finalmente destacó que el proceder de las autoridades, quienes argumentaron que se trataba solo de brindar asistencia médica, en medio de un gran operativo de seguridad, “generó temor en la familia, quienes optaron por trasladarlo a la Ciudad de México para evitar mayores represalias”, por lo que es necesario que el ejecutivo estatal atienda la situación y se garantice el derecho a la libre manifestación del catedrático.