Determinan ignorar la voluntad de los catalanes
• Cese de Puigdemont y de los consejeros y convocatoria de elecciones en seis meses
Por lo que se refiere al área de la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria, el Gobierno central garantizará la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del estado a la Comunidad, a sus organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial a fin de que no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista
El Consejo de Ministros ha acordado proponer al Senado el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el del vicepresidente, Oriol Junqueras, y el de todos los consejeros del Govern.
Mariano Rajoy asumirá directamente la competencia de decretar la disolución anticipada del Parlament de Cataluña o el fin de la legislatura así como la convocatoria de elecciones autonómicas.
La convocatoria de comicios debería producirse en un plazo que no exceda los seis meses. Así, de agotarse el mismo, las urnas en Cataluña se abrirían el próximo mes de junio.
No obstante, el propio Rajoy señaló que su intención, si las circunstancias lo permiten, es la de proceder en el plazo más breve posible a convocar a los catalanes a los comicios. Para que ello pueda producirse deben darse antes las condiciones de vuelta a la legalidad y de normalización de la convivencia adecuadas.
La Administración de la Generalitat continuará funcionando como tal y ejerciendo sus funciones ordinarias bajo las directrices de los órganos o autoridades que el Gobierno de la Nación cree o designe en sustitución de sus actuales responsables políticos.
Hay que tener en cuenta que con el cese de los consejeros deben abandonar también sus cargos el personal eventual de confianza que estos hubieren nombrado.
Existen dos ámbitos sobre los que el Ejecutivo central reforzará y extremará el control. Son las áreas de Seguridad, Hacienda y telecomunicaciones. Para ellas se establecen “medidas singulares” porque se consideran clave para la aplicación completa del artículo 155.
Así, el Gobierno central podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos d’Esquadra e incluso acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
