El pleno de la Cámara de Diputado aprobó el desafuero en contra de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López, por lo que a partir de este momento quedará a disposición del Ministerio Público Federal, para ser investiga por el presunto uso de documentación oficial falsa al acudir a una audiencia con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con 414 votos a favor, 37 abstenciones por parte de la bancada de Morena, así como el diputado del PRD, Arturo Santana y Carlos Sarabia del PRI, se avaló que Sánchez López, pueda ser investigada por parte de la PGR para conocer sobre su posible vínculo con el líder del cártel de Sinaloa.

El dictamen presume que la diputada sinaloense cometió el delito de uso de documentación oficial falsa, al visitar el pasado 4 de noviembre del 2014, a ‘El Chapo’, con el nombre Devany Vianey Villatoro Pérez.

El representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el agente adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Siedo, Arturo Ruiz Toribio, señaló que la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López, sabía que la credencial de elector que utilizó para ingresar al penal de ‘El Altiplano’, donde acudiría a una audiencia con Joaquín Guzmán Loera, era falsa.

Abundó que de acuerdo a las pruebas periciales sobre identificación fisonómica, existen semejanzas dimensional, cromática y morfológica de las características faciales de las imágenes de Sánchez López, que fueron sometidas a su escrutinio.

“Los mecanismos para acreditar la identidad cromática y morfológica de Lucero Guadalupe Sánchez López, sosteniendo que se trata de la misma persona que aparece en las imágenes referidas. Reiteró que no hay duda de la identidad de la diputada y de que la identificación con la que se acreditó para ingresar al Cefereso es falsa. Por lo anterior, señaló que la indagatoria es firme y apegada al debido proceso, y en consecuencia, solicitó que la Cámara de Diputados haga la declaración de procedencia correspondiente”, afirmó.

El representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el agente adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Siedo, Arturo Ruiz Toribio, señaló que la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López, sabía que la credencial de elector que utilizó para ingresar al penal de “El Altiplano”, donde acudiría a una audiencia con Joaquín Guzmán Loera, era falsa.

Razón por la cual, dijo, se presume que haya cometido el delito de uso de documentación oficial falsa, al visitar el pasado 4 de noviembre del 2014, al líder del cártel de Sinaloa, con el nombre Devany Vianey Villatoro Pérez.

Ruiz Toribio abundó que de acuerdo a las pruebas periciales sobre identificación fisonómica, existen semejanzas dimensional, cromática y morfológica de las características faciales de las imágenes de Sánchez López, que fueron sometidas a su escrutinio.

Las imágenes comparadas fueron: de la persona que aparece en las cámaras de monitoreo del Centro Penitenciario número 1 ‘Altiplano’, de la credencial para votar a nombre de Devany Vianey, con la fotografía que aparece en la identificación expedida por la Dirección de Vialidad del estado de Sinaloa (licencia), a nombre de Lucero Guadalupe Sánchez López.

“Los mecanismos para acreditar la identidad cromática y morfológica de Lucero Guadalupe Sánchez López, sosteniendo que se trata de la misma persona que aparece en las imágenes referidas. Reiteró que no hay duda de la identidad de la diputada y de que la identificación con la que se acreditó para ingresar al Cefereso es falsa. Por lo anterior, señaló que la indagatoria es firme y apegada al debido proceso, y en consecuencia, solicitó que la Cámara de Diputados haga la declaración de procedencia correspondiente”, afirmó.

En defensa de Lucero Sánchez, el abogado Rubén Tamayo Viveros, expresó que es extraño la celeridad que se dio al trámite de declaración de procedencia contra la diputada local, cuando se tienen pendientes cientos de solicitudes. Destaca la detención arbitraria de la que fue sujeta su defendida por parte de las fuerzas policiales, el 20 de enero de 2016.

Señaló que en el dictamen y en la solicitud de desafuero en contra de la acusada, no incluyó la declaración realizada cuando fue detenida esa fecha por la PGR.

“Debe de analizarse que el juicio que estamos encarando, nace por la detención de la diputada en forma totalmente arbitraria el 20 de enero de este año, estando en Culiacán, Sinaloa, y saliendo de su domicilio donde fue detenida por diversos agentes, los cuales dijeron estaban cumpliendo con una orden de búsqueda, localización y presentación, siendo ella diputada local. La trajeron con uso de violencia ese mismo día en un avión particular de la Procuraduría”, asentó.