IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO.
Según información del documento “La autonomía física de las mujeres en la Agenda Regional de Género y en el consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Un hilo Virtuoso” de Ana Cristina González Vélez, la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) desde la mirada transversal al Consenso de Montevideo (CM), afirma que las medidas relativas a la SDSR destacan tanto por la calidad de sus contenidos como por ser las más abundantes comparadas con cualquier otro tema del consenso, para un total de 24 medidas establecidas en la Estrategia de Montevideo.
Esto sucede porque, como se afirma en la Plataforma Virtual para el seguimiento al CM, en las medidas prioritarias se entrecruzan, a veces de manera compleja, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la salud sexual y la salud reproductiva, un hecho que expresa el reconocimiento de que los derechos sexuales y reproductivos están estrechamente vinculados con las necesidades de las distintas poblaciones.
La cantidad de medidas sobre este tema denota un interés importante en estos asuntos, grandes desafíos y asuntos pendientes; también el hecho de que se trata de una agenda en disputa en los países. Las medidas sobre SDSR del CM empiezan por afirmar la necesidad de promover, proteger y garantizar la salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como parte de la realización de las personas y de la justicia social, ofreciendo una definición de los derechos sexuales, que es un hito a nivel global.
Así, el CM afirma que estos derechos abarcan una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia.
Todo en el marco de la promoción de políticas que contribuyan a asegurar el ejercicio de estos derechos y de políticas integrales y los marcos legales que respeten el derecho a la información sobre distintos aspectos: la sexualidad, la orientación sexual e identidad de género, los servicios de salud sexual y salud reproductiva incluido el aborto (allí donde está permitido), y los servicios amigables para adolescentes sin discriminación alguna.
Como parte del desarrollo de los marcos normativos, el CM insta a la revisión de leyes, normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de SSR en concordancia con los estándares de derechos humanos y la protección de las libertades fundamentales.
En cuanto a los servicios, las medidas del CM enfatizan una serie de elementos para su adecuada prestación, tales como el acceso para las poblaciones que enfrentan la mayor vulnerabilidad o están más alejadas, las necesidades específicas de distintos grupos y la disponibilidad de una amplia gama de servicios que abarcan el VIH, la salud materna, el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención del embarazo no deseado y la atención del aborto.
Finalmente, los énfasis en materia de DSR del, varían en su amplitud e integralidad. En el caso de la niñez, adolescencia y juventud, las medidas se centran en el fomento de programas de educación integral para la sexualidad o en los servicios amigables y la prevención del embarazo adolescente. Se señala la prioridad que debe darse a la eliminación del aborto inseguro y la provisión de anticoncepción de emergencia y condones. Estas acciones, además, deben evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y madres jóvenes.
Por tal motivo, es preciso promover la reducción de la mortalidad materna de la población indígena y en reconocer la influencia que tienen los factores estructurales como el racismo en el ejercicio de los derechos de la población afrodescendiente. De un modo general, se señala que las medidas sobre SDSR del CM están concentradas de manera importante en los siguientes tres ejes de la implementación de la Estrategia de Montevideo: Marcos normativos; Construcción y fortalecimiento de capacidades, e Institucionalidad.
