IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
Verónica Montes de Oca Zavala, en su publicación “Políticas y sistemas integrales de cuidados de largo plazo para las personas mayores”, establece al cuidado como un asunto de derechos y justicia social, definiendo al cuidado como una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos con vistas a mantener, continuar o reparar nuestro ‘mundo’, de manera que podamos vivir en él lo mejor posible.
Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro entorno, que buscamos tejer juntas en una red compleja que sostiene la vida. Discusiones previas coinciden en considerar al cuidado como: i) una necesidad humana vinculada al bienestar, ii) un trabajo indispensable para reproducir la vida, iii) involucra el autocuidado, el cuidado de otros, los cuidados indirectos (como limpiar la casa, la ropa y la elaboración de alimentos) y la gestión del cuidado, iv) incluye la configuración de entornos o lugares de cuidado, v) un trabajo que puede ser proveído por los hogares, el estado, el mercado o la comunidad, y vi) un derecho humano.
Los cuidados son construcciones culturales y sociales, pues cada sociedad define cuáles son sus propias necesidades de cuidados y las normas para su provisión, a través de distintas instituciones. A su vez, todas las formas de organización social de los cuidados “apuntan a concepciones diferentes acerca de lo que es y debe ser la persona humana, lo que es y debe ser una vida humana valiosa”.
Las estructuras aún imperantes de desigualdad social y económica condicionan tanto el acceso a los cuidados como el deber de proveerlos entre las personas, de acuerdo con su identidad y su posición interseccional.
La economía feminista ha mostrado que, en sociedades capitalistas, la reproducción de la vida y la provisión de bienestar han sido relegadas al ámbito del hogar, especialmente a las mismas mujeres debido a la injusta división sexual de trabajo. La devaluación económica y social del trabajo de cuidados que realizan, principalmente, las mujeres sin una remuneración, ha permitido la reproducción de la fuerza laboral y ha subsidiado la producción y la acumulación capitalista.
Esto ha tenido un alto costo para la vida de las mujeres, en términos de limitar su inserción al mercado laboral, obstaculizar su autonomía económica y personal, limitar su participación política y su autocuidado y abonar a la feminización de la pobreza.
En este contexto, predomina un régimen dual de provisión de cuidados, los cuales son adquiridos en el mercado por aquellos hogares que pueden pagarlos; en tanto, los hogares de los estratos socioeconómicos más bajos acceden a ellos, a través del trabajo no remunerado realizado por mujeres con una doble o triple jornada laboral.
En consecuencia, las brechas de desigualdad social en el acceso y la provisión de los cuidados han aumentado, desde finales del siglo pasado. En América Latina y el Caribe, dicha situación se ha visto agravada por el avance de la transición demográfica, proceso que impulsa la reducción de la fecundidad y la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y, por consiguiente, el envejecimiento poblacional en las sociedades.
Se estima que, en 2030, el 17 por ciento de la población será mayor de 60 años; mientras que, en 2050, se espera que una cuarta parte de la población se encuentre en esta condición, y casi un tercio de la población, hacia 2100, tendrá más de 65 años. Si se tiene en cuenta, que las personas sobre los 60 años poseen mayores riesgos de presentar alguna dependencia funcional, se puede afirmar que el envejecimiento poblacional conlleva un aumento importante en las necesidades de cuidados.
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