IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 21, define a la Violencia feminicida, como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del estado.
También expresa que se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación, que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente su integridad, seguridad, libertad personal y el libre desarrollo de las féminas.
Al respecto, el observatorio de la igualdad de género indica que, en la región de América Latina y el Caribe, México (después de Brasil), ocupa el segundo lugar en la cuantificación de homicidios de mujeres asesinadas por razones de género expresada en tasas por cada 100 mil mujeres, con 948 casos en números absolutos hasta 2020, sin reporte de cambio con referencia al 2019, hecho que enmarca alta preocupación para nuestro país.
Peor aún, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública, establece que el 2021 ha sido el año con mayor número de feminicidios registrando: 1016; intensificándose con un máximo histórico el mes de agosto con 112; siguiéndole mayo con 111; y marzo con 102; pudiéndose relacionar estos dos últimos meses con los festejos del día de la madre y del día internacional de la mujer.
Hasta abril del 2022, el estado de México, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, y Nuevo León ocupan los cinco primeros lugares, Hidalgo el número 13 de 32 estados con 277 casos en números absolutos que representan 16.98 puntos porcentuales por cada 100 mil mujeres; esto sin soslayar los homicidios violentos dolosos no calificados como feminicidios, los no denunciados, los de violencia familiar al alza con 23,909, y el incremento de violaciones con 21,189 casos.
Contribuyendo en las causas multifactoriales, el confinamiento y la baja económica causado por la pandemia, así como la muy escasa voluntad política en la toma de decisiones del gobierno federal, que por citar un ejemplo disminuyó fuertemente la asignación de recursos para el Instituto Nacional de las Mujeres impactando en los Programas de Apoyo a los estados y municipios, como el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad a la Perspectiva de Género.
Situación que inspira la reflexión, ¿por qué los feminicidios van en aumento?, ¿qué hace falta? o bien, ¿qué necesitamos dejar de hacer?, ¿los programas de apoyo ayudan?, ¿la implementación de las leyes es efectiva? o ¿se rompen en los procesos jurídicos?
¿Tendrá sentido hacer una política pública que obligue a las fiscalías a indicar a sus ministerios públicos que todo homicidio doloso lo clasifiquen con perspectiva de género, para poder catalogarlo como feminicidio?, idea planteada por Blanca Ivonne Olvera investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
O bien, ¿se podría obligar a las y los gobernantes a tomar decisiones con perspectiva de género acordes a las necesidades reales, desde la modificación al marco legislativo?
Y tú ¿qué opinas?