Tiene el nombre del ex presidente ecuatoriano Jaime Roldós
• Fue recogida en la “Carta de Riobamba”, y firmada por Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador
Buscaba asegurar la coordinación en la región para proteger democracia y derechos humanos en el país en que fuera necesario
A fines de abril, cientos de venezolanos respondieron al llamado de Juan Guaidó de protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El país está sumido en una grave crisis política por el enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el desafío del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado del país con el apoyo de medio centenar de países. A ello hay que sumar una profunda crisis económica, que ha provocado el éxodo de millones de venezolanos.
En este clima de creciente tensión, Guaidó habló de las opciones que otros países discuten para “ayudar” a Venezuela en una entrevista, en la que le preguntaron sobre la posibilidad de que EU ponga en marcha una intervención militar en el país.
Guaidó aseguró que el Parlamento que él preside puede utilizar la cooperación internacional “en materia militar”, “en ayuda humanitaria” y en las áreas que este organismo determine, y mencionó, en concreto, una política: la llamada doctrina Roldós que sigue Ecuador.
Este principio “habla de proteger a los pueblos cuando están muriendo de hambre, como en el caso de Venezuela, producto de un genocidio silencioso, propiciado por Maduro”, dijo Guaidó.
A mediados de abril, en una reunión de la OEA, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, también apeló a la doctrina Roldós para justificar los pronunciamientos y medidas de su país y de otros Estados contra el gobierno de Maduro.
El gobierno de Maduro ha negado en múltiples ocasiones la violación de derechos humanos en Venezuela y califica como “injerencias” o “conspiraciones” las medidas y denuncias de otros países en contra de su ejecutivo.
La doctrina tiene 11 principios; uno de ellos establece el “respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales como norma interna de los Estados del Grupo Andino”. “La defensa de estos derechos no viola el principio de no intervención”.