La crisis de Puerto Rico es todo un desafío para la Administración Obama y los congresistas de ambos partidos, incapaces de ponerse de acuerdo para desatascar la parálisis del Gobierno de la isla. García Padilla echó más leña al fuego cuando se refirió a que Puerto Rico estaba en riesgo de afrontar una «crisis humanitaria», y que, como primera autoridad, entre evitar ese extremo y sus obligaciones financieras, había optado por la primera opción.

La puerta se ha entreabierto para Puerto Rico. Después de meses de marasmo financiero y de semanas de negociaciones políticas, el acuerdo alcanzado en el Congreso por la Administración Obama, los representantes demócratas y la hasta ahora reticente mayoría republicana, que permitirá a la isla reestructurar su elevada deuda financiera, de 70.000 millones de dólares, supone un importante paso hacia la salida del túnel.

La contrapartida será una cesión de poder fiscal y presupuestario por parte de Puerto Rico (estado asociado, que no incorporado, a EU), que se concretará en la creación de un órgano supervisor encargada de vigilar el proceso. Pendiente de que las dos cámaras legislativas lo avalen, si el speaker (presidente-portavoz), Paul Ryan, logra sacarlo adelante con apoyo de su mayoría republicana o con ayuda demócrata, la solución encontrada permite también sortear las dificultades legales.

La principal, que Puerto Rico, por su peculiar encaje en el entramado jurídico-político norteamericano, no puede declararse en quiebra.

Ha sido la principal queja de las autoridades de la isla, y en particular de su actual gobernador, Alejandro García Padilla. Frente a la creciente deuda acumulada con los acreedores, el margen de maniobra es mucho más reducido. Dado que se trata de un estado libre asociado, y no de un estado más de la Unión, Puerto Rico quedó excluido en 1984 del artículo 9 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos, lo que implica que no tiene autonomía para declararse en quiebra y poder reestructurar su deuda.

La última crisis política se acentuó cuando a principios de mayo el gobernador declaró el impago de los 422 millones de dólares a los que la Administración portorriqueña debía hacer frente en el mes de mayo.