Ayer fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), el decreto que contiene la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo; sin embargo, la entrada en vigor será hasta el primer día del año 2022. En tanto, las medidas de protección establecidas serán aplicables a los procedimientos administrativos de responsabilidad que se inicien antes de la entrada en vigor, siempre y cuando cumplan con los requisitos que enmarca la legislación.

Entre estos requisitos señala que se deberá comprobar que el solicitante haya aportado información “sensible” por una falta que: “revele o acredite posibles actos de corrupción de carácter administrativo”, así como incluir la identificación de la persona o personas que ponen en riesgo la integridad del testigo y/o denunciante.

Sin embargo, la ley deberá esperar debido a que será necesaria la etiquetación de recursos en el próximo proyecto de presupuesto que tenga que ejercer en Hidalgo, y que con esta inyección de recursos se garantice la operatividad de la normativa.

De igual manera la ley carece de su Reglamento, por lo que este deberá de entregarse en un plazo no mayor de 90 días, por lo que aunque haya sido publicado dicho dictamen, todavía queda trabajo por hacer para que se ponga en completa operatividad y que no se quede, como vulgarmente se dice, “en letra muerta”.