63 LEGISLATURA
Buscará ampliar obligaciones de fraccionadores
Hace años, cientos de familias decidieron adquirir una casa, con la ilusión de hacerse de un patrimonio, pero sobre todo de dar bienestar a los hijos y sobre todo formar parte de los que han logrado hacer valer el derecho a una vivienda digna y decorosa, sin embargo la realidad fue diferente ya que los servicios resultaron deficientes y en algunos casos las previsiones ante posibles fenómenos naturales fueron nulas por parte de los constructores.
Así lo informó en entrevista la diputada local, Mayka Ortega Eguiluz, lo anterior tras construir a partir de los foros ciudadanos y encuentros que ha sostenido con la población de diversos municipios, la propuesta para reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo que presentó la semana pasada ante el pleno del congreso local.
Lo anterior tiene por objetivo que se amplíen las obligaciones de los involucrados en la construcción de los fraccionamientos en Hidalgo, “se trabaja en las reformas para que privilegie un crecimiento urbano ordenado a partir de una planeación de largo plazo, donde los inversionistas fraccionen y ofrezcan servicios de calidad, con áreas verdes suficientes y con pleno respeto a las normas de construcción autorizadas”, explicó la legisladora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De igual forma apuntó “una de las preocupaciones más frecuentes de las familias se refieren a tener que habitar viviendas en fraccionamientos con servicios deficientes, insuficientes o inexistentes, que fueron ofrecidos antes de efectuar la adquisición y resultaron no ser realidad en la práctica. Los habitantes de fraccionamientos se refirieron concretamente a drenajes insuficientes, áreas verdes que son utilizadas para acumular residuos de materiales utilizados para la construcción del fraccionamiento, áreas comunes que son utilizadas para otros fines o incorporadas a las propiedades privadas sin el consentimiento ni de la comunidad ni de la autoridad”.
Tras ser cuestionada, dijo que la iniciativa no se trata de una ocurrencia ni tiene intenciones particulares contra los desarrolladores, más bien se basa en los principios establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza una vida sana y promueve el bienestar y la certeza jurídica de un patrimonio familiar a partir de construir infraestructura para ciudades sostenibles.