• “Existe la falsa creencia de que solamente va aplicar a funcionarios de alto mando”
Al menos 5 mil burócratas tienen listos amparos contra la Ley de Austeridad Republicana, la cual les impide trabajar en el sector privado hasta después de 10 años de haber dejado el cargo en el gobierno.
Se trata de trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros organismos, las cuales interpondrán el recurso legal una vez que la ley se publique en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con uno de los abogados encargado de interponer los amparos, Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, se trata de una legislación agresiva, que no solamente se aplicará a trabajadores de gobierno que ocupen cargos de alta jerarquía en la administración pública.
“Existe la falsa creencia de que solamente va aplicar a funcionarios de alto mando. Pero están pasando por alto que en el texto dice se aplicará a quienes hayan supervisado o que hayan manejado información privilegiada”, dijo.
Este despacho tiene también otros 7 mil clientes de una primera demanda que se interpuso contra las medidas de austeridad por la Ley de Remuneraciones de inicios de la administración. De acuerdo con el abogado, con la medida legal se logró detener la cancelación de sus prestaciones, tal es el caso de seguro médico y bonos, entre otros, los cuales se siguen cobrando.
Martínez explicó que han dialogado con empleados del sector privado que tienen la expectativa de incorporarse al nuevo gobierno en un alto cargo directivo y ya analiza la posibilidad de interponer el amparo contra la restricción de 10 años para, en caso de aceptar el cargo en el gobierno, regresar libremente a trabajar al sector privado.
Trusan & Roma Abogados busca ser el primer despacho que interponga amparos contra Ley de Austeridad Republicana una vez que entre en vigor.
Las demandas se realizarán de forma colectiva por dependencia, además de que incluye a trabajadores jubilados que también se pueden ver afectados ante la cancelación de algunos bonos y prestaciones.
