Ixmiquilpan
• Asegura que lo intentaron secuestrar la tarde del martes; presume que detrás del intento estaría la Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), estaría detrás del presunto intento de secuestro contra el presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, quien relató lo ocurrido durante la tarde del martes sobre la carretera México-Laredo a la altura de Yolotepec municipio de Santiago de Anaya.
El intento de secuestro estaría relacionado con la manifestación que él encabezó el viernes de la semana pasada, en la que denunció cobros excesivos a usuarios de pozos de agua potable y de irrigación.
Intuyó, que este hecho fue premeditado, en el que la paraestatal estaría relacionada.
La oficina de prensa del alcalde emitió un comunicado de prensa, en el que detalló lo sucedido, asegurando que durante los hechos, sólo viajaba él, su chofer y una persona más que lo acompañaba.
La persecución, según relató, terminó hasta Patria Nueva sobre la misma carretera, tomó el retornó hacia Ixmiquilpan, donde encontró protección en el poblado de Julián Villagrán.
“Íbamos tranquilos a Pachuca cuando de repente en Yolotepec (municipio de Santiago de Anaya) un vehículo Mitsubishi tipo van color azul con placas de la Ciudad de México nos da un cerrón, bloqueando el paso de la camioneta… Se paran y salen unos 6 ó 7 individuos para tratar de capturarnos”(sic).
Los sujetos de la Mitsubishi los comenzaron a perseguir y lo rebasaron en el poblado de Patria Nueva, poblado de Santiago de Anaya.
“Se nos adelantaron unos 20 metros y volvieron a bloquear el paso lo que aprovechamos para dar media vuelta por un retorno y regresamos a Ixmiquilpan”, relató Charrez (sic).
Insistió en que el Gobierno Federal está detrás de lo ocurrido, porque ha sido incomodo que él haya denunciado los cobros excesivos por parte de esta compañía, en contra de los habitantes de Ixmiquilpan y de otros municipios.
“Al Gobierno Federal le incomodó que hiciéramos esta movilización porque es un incremento de entre 200 y 300 por ciento a la energía eléctrica utilizada en pozos de comunidades indígenas” (sic).
Aseguró, que acudiría a presentar su denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
