De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), fue presentada la segunda demanda de controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de  2022. 

Por lo anterior, en la controversia presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el Instituto defiende no sólo su autonomía sino el estado democrático ante lo que considera un “cúmulo de violaciones constitucionales” detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma, y que asegura, vulneran 25 disposiciones constitucionales.

En la demanda presentada, se solicita al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y se interrumpa la aplicación de la reforma, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, y por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.

La Controversia Constitucional que presentó el INE está articulada en cuatro ejes fundamentales: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión; la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo; la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.

Finalmente, la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma. En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.