En la primera década del siglo XXI, América Latina y el Caribe vivieron una etapa de bonanza, que se reflejó en crecimiento económico y reducción de pobreza.
Este fenómeno se explica a un mejor manejo macroeconómico y al boom de las materias primas, que benefició a los países de la región exportadores netos de alimentos, petróleo y minerales. Que esto no se viera acompañado por mejoras en la productividad de los países expone la fragilidad de los avances y la posibilidad de que se reviertan.
En Empleos para crecer, una publicación del BID, se identifica que los mercados laborales de la región se siguen caracterizando por un binomio de alta informalidad y elevada inestabilidad del empleo. La informalidad sigue siendo una realidad para más de la mitad de los trabajadores. Asimismo, en promedio, un tercio de los trabajadores que estaban en una empresa en un momento dado no se encuentra en ese mismo empleo al cabo de un año. Esta tasa de rotación laboral hace que muchos trabajadores pasen por el desempleo, lo que implica pérdidas de ingresos y salarios con importantes costos de bienestar.
Para crear empleos formales se deben dar las condiciones apropiadas. Sin embargo, el costo de formalizar a los trabajadores en la región es alto. El costo mínimo de contratar a un trabajador asalariado formal representa, en promedio, un 39 por ciento del PIB. No es sorprendente que los países con mayores costos laborales presenten una menor proporción de trabajos formales y una mayor de trabajadores no asalariados. Por otro lado los empleos informales son subsidiados a través de un conjunto de programas de aseguramiento social (mal llamados no contributivos). La combinación de impuestos a la formalidad y subsidios a la informalidad es exactamente opuesta a lo que la región necesita.
Esta falta de capacidad para generar trabajo formal convive con una alta rotación de empleo. Esta rotación no se traduce en una trayectoria laboral ascendente, a la cual el trabajador deja un empleo por otro mejor, o uno informal por otro formal. Los bajos niveles de capacitación afectan directamente la capacidad de acumulación de capital humano y la capacidad del trabajador y de la empresa de ser más productivos conjuntamente. Ante esta situación, el Estado puede cumplir un rol relevante a través de la implementación de políticas laborales que generen los incentivos correctos de inversión en capital humano, lo cual conduciría a un aumento de la productividad y de los empleos formales.
Existe en la región una batería de políticas cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral y la estabilidad laboral productiva, a través de una mejor transición del sistema educativo al mercado de trabajo, facilitando el intercambio de información sobre vacantes y trabajadores, reduciendo el costo laboral, o promoviendo la formación de habilidades en aquellos que están fuera del mercado laboral, a fin de aumentar su productividad y con ello su empleabilidad. Se trata de instrumentos en los que la región no invierte lo suficiente.
Se puede y se debe hacer más para lograr mejores empleos, que permitan crecer a los trabajadores y a las economías en su conjunto. Para ello, es preciso que la política económica y la laboral se enfoquen en promover mayor productividad. De lo contrario, la región pondrá en riesgo las notables ganancias obtenidas en la última etapa de crecimiento.