• Durante la administración de Francisco Olvera Ruíz.
• Alrededor de 89 mil estudiantes de nivel básico afectados
Por lo menos 30 servidores públicos y proveedores están involucrados en el desvío de 663 millones de pesos en programa de Escuelas de Tiempo, durante la administración de Francisco Olvera Ruíz; lo que ha afectado el rendimiento académico de cerca de 89 mil estudiantes de nivel básico integrados a esta estrategia.
Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por Carlos Emigdio Arozqueta Solís, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo (SEPH.
Recordó que principios de la administración recibieron un requerimiento de la federación, por 41 millones de pesos no comprobados y no existentes en cuentas bancarias de la institución, mismos que deberían ser regularizados.
Por lo anterior señaló que el pasado 23 de marzo del 2017 se inició la carpeta de investigación 12-2017-3698, en la cual se presentaron los medios probatorios correspondientes para demostrar la situación en una conducta delictiva.
Destacó que esta acción se realizó en coordinación con la subsecretaría de finanzas y administración de la SEPH, encontrando anomalías concretando que en el periodo de noviembre de 2014 a enero de 2017 hubo “una aplicación incorrecta, discrecional y con tintes delictivos de 663 millones de pesos”
Arozqueta Solís destacó que el programa requiere de proveedurías para alimentar a los menores y todo esto permitió que sin ningún control se ejercieran recursos, sin embargo apuntó que escuelas de tiempos es un programa que claramente estipulado en reglas, de tal manera que “no podía haber existido lo anterior sin la existencia de una red de corrupción de por lo menos 30 servidores públicos y proveedores”.
“Las personas encargadas para certificar los candados en la aplicación de los recursos, en vigilar que se entregaran los productos, certificar la calidad de los productos, cuales proveedores tienen los mejores precios, la operación del programa, todo ello se convirtió en una red en donde todas las partes sistemáticamente y mancomunadamente hacían el ejercicio de los recursos dejando a su paso beneficios indebidos y perjudicando a los alumnos en centros escolares y familias al no recibir la educación de nivel adecuado y servicios aleatorios para los que está diseñado el programa”.
En ese sentido indicó que las irregularidades se centran primordialmente en colusión para tener manejo de recursos sin comprobación en las cuentas matrices, la expedición de cheques para el retiro de fondos sin que se hayan entregado a los beneficiarios, incluyendo cheques de pensiones alimenticias; adquisición de alimentos con proveedores que reintegraban diezmas o dádivas a los funcionarios a cambio de sobrefacturar o entregar elementos de poca o nula calidad con los alumnos, gasto de recursos en operación injustificables como gasolinas, vehículos y viáticos, y facturación de eventos sociales no realizados.
Aclaró que el problema principal está en la proveeduría de los alimentos y la insatisfacción de los alumnos para ello, sin embargo las irregularidades se encuentran en más de cuatro mil cheques, por una cantidad total de 64 millones de pesos.
“Los cheques solamente podrían ser firmados por la Secretaría de Finanzas, hay nombres como Pablo Pérez Martínez y José Antonio Turrubiarte, sin embargo aunque tienen participación en estos eventos su firma era una cuestión trámite obligatoria y determinaremos si ellos participaron en la distracción de estos recursos, pero la firma de los documentos no resulta y tan relevante como la obligación de entregarla a los destinatarios para que pudieran ser efectivos”.
Puntualizó que esta situación implica la responsabilidad de los directores anteriores del programa, coordinadores de servicios regionales y directores de algunas escuelas que afecta a 89 mil estudiantes integrados en el programa; así como proveedores originarios de regiones como Tulancingo, Tenango de Doria, Huejutla, Atlapexco, Tula, Tizayuca y Molango; todos ellos plenamente identificados, enfatizó.
Con todas las pruebas recabadas, el director general de Asuntos Jurídicos indicó se presentó a la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo (PJEH) una segunda carpeta de investigación con número 12-2017-03698, para que “en un corto tiempo, nos ayude a desmantelar la red de corrupción”.
Precisó que ambas carpetas iniciadas son por los delitos de peculado, cohecho, negociaciones indebidas, enriquecimiento ilícito y lo que resulte, esperando que en poco tiempo puedan ser judicializadas.
Asimismo Carlos Emigdio Arozqueta Solís, manifestó que ésta cantidad no tiene que ser reintegrada a la federación, pues explicó, “Cuando acreditas plenamente que estás sancionando a los culpables por el desvío de los recursos, la federación te exime de reintegros dado que no estás ocultando información, ni estás ayudando a la desviación de los recursos”.
Agregó, “Hemos cuidado que todas las acciones legales tengan dos correspondencias, la primera castigar a los culpables y la segunda que no se vean afectados los programas para que no dejen de funcionar”.
Finalmente Raúl Meléndez Meneses, coordinador estatal de Programas de Escuelas de Tiempo Completo, indicó que a partir de este momento y hasta el 31 de diciembre, a través de un convenio magno entre federación y gobierno del estado, el programa está blindado a fin de garantizar que los 264 millones de recursos que quedan por ejercer para el resto del año, beneficien realmente a los niños de los 74 municipios empadronados e integrados en la cruzada contra el hambre tengan garantizado que los alimentos lleguen en tiempo y forma.
