La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJH), pidió apoyo a la Interpol para localizar y asegurar a un conocido abogado hidalguense, a quien le imputan el delito de fraude y lo que resulte. El ilícito presuntamente habría sido cometido en agravio de la persona moral Luna Gas S.A. de C.V.

Por ello, la PGJH investiga a José Francisco “D” “C”, probable responsable de fraude, quien ya cuenta con una orden de aprehensión vigente y es buscado a través de la Interpol.

Se sabe que derivado de las indagatorias contra el abogado, se conoce que mantenía vínculos con personajes políticos de las pasadas administraciones, en los que se apoyaba para realizar sus operaciones ilegales.

Es así que el agente del Ministerio Público presentó datos de prueba contra el probable responsable y solicitó la orden de aprehensión correspondiente que fue liberada.

Además durante las investigaciones y como parte de las acciones para aprehender al imputado, con base en la causa penal 1048/2022, se han llevado a cabo diversos cateos.

Así mismo, además la PGJEH ha dado aviso internacional a la Interpol para reforzar las labores de su búsqueda y se solicitó la emisión de la Ficha Roja que corresponde para la localización y detención de José Francisco “D” “C”. 

Las investigaciones que se realizan contra el titular del despacho de abogados denominado “Firma Jurídica Díaz”, forman parte de la política de combate a la corrupción que se mantiene en el estado de Hidalgo.

Datos relevantes

Con fecha 28 de diciembre de 2022, a solicitud de la Representación Social, el Órgano Jurisdiccional libró orden de aprehensión contra  José Francisco “D” “C”.

El 29 de diciembre del 2022, se solicitó a un juez de control órdenes de cateo en dos inmuebles, uno ubicado en la calle Paseo del Roble, Fraccionamiento Club de Golf, de la ciudad de Pachuca y domicilio del imputado.

El segundo cateo fue para las oficinas del abogado ubicadas en  Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 6009, fraccionamiento Colosio, de Pachuca; (Cateo realizado el 31 de diciembre de 2022), por los hechos denunciados que fueron motivo del inicio de la  carpeta de investigación

Derivado de que con fecha 15 de julio del 2021, los socios integrantes de la persona moral denominada Luna Gas S.A. DE C.V.; se enteraron de la posibilidad de expropiación de un inmueble de su propiedad; motivo por el que en fecha 22 de julio del año 2021, la Representante legal de Luna Gas S.A. DE C.V., contrata los servicios profesionales de la “Firma Jurídica Díaz”.

No obstante este consorcio, aprovechando el trámite de diversos amparos y con la intención de alcanzar un lucro indebido; solicitaron a la Representante Legal de Luna Gas S.A. DE  C.V. y/o  socios de la misma, diversas cantidades de dinero que fuera depositado a la cuenta bancaria a nombre de  Cravioto Abogados S.C. refiriendo que era para supuestos pagos de fianzas, contrafianzas, entre otros, conceptos que en su momento para alguien que no conoce de derecho generaban convicción a la Representante Legal de Luna Gas S.A. DE  C.V. y/o  socios de la misma.

Fue así como el día 16 de marzo del año en mención; José Francisco, realizó maquinaciones faltas de verdad, ya que falazmente indicó la existencia de diverso expediente judicial; del que a sabiendas de su falsedad y con el fin de seguir obteniendo un beneficio económico de parte de la víctima.

Posteriormente el imputado utilizó varios documentos falsos, como si estos hubieran sido proveídos por autoridades judiciales, otros por autoridades administrativas como lo fueron la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ello, para justificar ante la moral víctima Luna Gas S.A DE C.V, trámites inexistentes.

Incluso el consorcio de abogacía indicó de mesas de trabajo en Banobras e Indaabin; ya que también les referían que si no daban el dinero se perdería la gasolinera y por lo tanto al exhibir las supuestas garantías estaban asegurando no perder su patrimonio,.

Finalmente trascendió que de esa manera,  alcanzaron los activos un lucro indebido por alrededor de treinta y nueve millones de pesos, dado que al día de hoy se sabe que nunca existió decreto expropiatorio que afectara el patrimonio de la víctima.