La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) agilizar las investigaciones en torno a los delitos en materia de robo de hidrocarburos cometidos en las entidades federativas.
Pidió a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) un reporte detallado sobre las medidas implementadas para prevenir el robo de combustibles y garantizar una adecuada vigilancia en ductos e instalaciones en las que se almacenan hidrocarburos.
También hizo un llamado a los gobiernos estatales para que presenten un informe sobre la coordinación que establecen con la Federación para combatir la sustracción ilegal.
En un dictamen aprobado, la Permanente destacó que en el primer trimestre de 2016 el número de tomas clandestinas en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció 12.3% con respecto al mismo periodo de 2015, al pasar de mil 211 a mil 360. Señaló que, según algunas estimaciones, la empresa pierde cada hora casi 2 millones de pesos por robo de combustibles.
“De 2012 a la fecha se ha disparado el valor del robo de gasolina y diésel a Pemex a nivel nacional, pasando de poco más de 4 mil 300 millones de pesos en 2011, a 6 mil millones de pesos en 2012; en 2013 llegó a 9 mil 320 millones de pesos; en 2014 a 20 mil 645 millones de pesos, y un estimado de 17 mil millones de pesos en 2015”, detalló.
La Comisión Permanente indicó que el año pasado los 10 municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron: Altamira, Tamaulipas, con 270; Huimanguillo, Tabasco, 116; Irapuato, Guanajuato, 106; Quecholac, Puebla, 88; Cárdenas, Tabasco, 86; Tepeaca, Puebla, 81; Zapotlanejo, Jalisco, 68; González, Tamaulipas, 68; Degollado, Jalisco, 66, y Pénjamo, Guanajuato, 65.
Mientras que en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México se localizaron dos predios desde los cuales se robaba combustible mediante tomas clandestinas conectadas a ductos de gasolina de Pemex.
En el dictamen se precisa que la Federación debe coordinarse con las instituciones locales, municipales y de seguridad pública, así como las autoridades del sector energético, a fin de prevenir y detectar operaciones relacionadas con este ilícito.
Destaca que, de acuerdo con la ley, quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de vehículos, ductos, equipos, instalaciones o activos, sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, se le sancionará con una pena de 15 a 25 años de prisión.