Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud (Ssa) que garanticen la entrega de vacunas para el Covid-19 en los centros penitenciarios federales, estatales y militares del país.

Aunque se espera que la vacuna llegue a México hasta el primer trimestre de 2021, la funcionaria se anticipó y pidió a las autoridades cumplir con su responsabilidad y proteger a las personas privadas de la libertad.

“El Estado debe suministrar, hasta el máximo de sus recursos, todos los insumos médicos, humanos y de infraestructura hospitalaria para prevenir los contagios por coronavirus en centros penitenciarios”, dijo la titular de la CNDH.

En los últimos meses, se ha documentado cómo el coronavirus logró entrar en decenas de prisiones estatales y federales, situación que ha puesto en riesgo la salud de todos los internos, pues muchos de estos espacios no cuentan con las instalaciones y los insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria actual.

Según cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en el primer semestre de 2020 los fallecimientos dentro de cárceles estatales y federales crecieron 143% respecto al mismo periodo de 2019.

Aunque el OADPRS no explica el motivo de los decesos, especialistas en sistema penitenciario consideraron que el Covid-19 pudo haber sido un factor para el aumento de estas muertes.

Ante esta situación, Rosario Piedra insistió en la necesidad de garantizar las vacunas para el Covid-19 en las cárceles.

“La vacuna, aunque todavía no está disponible en nuestro país, debe llegar a todos los mexicanos. Exhortamos a las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, a destinar los recursos públicos y económicos necesarios que garanticen dosis suficientes en centros penitenciarios”, agregó.

A través de un comunicado, la CNDH también explicó que el equipo de la Tercera Visitaduría General ya comenzó a acudir a distintos centros de reclusión para elaborar su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.