Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que su arquitectura institucional normas internas, procesos, organización, capital humano, entre otros no es la idónea para soportar procesos que exige el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.

El procurador advirtió que es indispensable diseñar arquitectura institucional para atender principios que sostienen el modelo constitucional de justicia penal, a través de prácticas y estándares internacionales.

Se identifican como dos desafíos principales: el fortalecimiento de capacidades institucionales de investigación y litigación; y el mejor aprovechamiento de la totalidad de las alternativas que ofrecen las normas nacionales procesales.

Se expone que las deficiencias institucionales se deben al poco esfuerzo destinado a la capacitación y especialización de los agentes ministeriales, policiales y periciales.

Así como a las condiciones laborales poco competitivas que no reflejan la responsabilidad que recae en su función y a un complicado y volátil servicio de carrera.