El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, aseguró este martes que su Gobierno garantizará “el pleno ejercicio de las libertades” y los derechos de los ciudadanos durante las protestas antigubernamentales convocadas a partir del 19 de julio, pese a que la Policía ubicará controles para evitar el ingreso a Lima de manifestantes.

“Poner todos los controles garantiza que los peruanos podamos vivir en paz”, dijo Otárola en una declaración a la prensa, antes de agregar que “es deber del Gobierno promover el pleno ejercicio de las libertades”.

A continuación, reiteró su “invocación a que todos los conciudadanos, con todo el derecho que tienen de salir a las calles a protestar o reclamar los derechos que consideran vulnerados, respeten el derecho de los demás peruanos”.

El jefe de gabinete recordó que este mes se celebra la independencia de Perú y está en marcha “una agenda muy importante en el país”.

“Creemos que estas manifestaciones no van a tener el éxito de otras, no van a afectar al derecho que tenemos todos los peruanos a vivir en tranquilidad”, concluyó.

El ministro del Interior, Vicente Romero, declaró ayer que no habrá “ninguna toma de Lima”, nombre dado por los manifestantes antigubernamentales a sus siguientes jornadas de protestas, porque la Policía Nacional está en control de la seguridad interna.

Romero afirmó que “hasta ahora no ha habido ninguna toma de Lima, ni habrá tampoco ninguna toma de Lima”, al responder a la prensa sobre la convocatoria a la “tercera Toma de Lima”, convocada a partir del próximo día 19 de julio, por organizaciones sociales, sindicales y políticas que reclaman la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y el cierre del Parlamento.

Agregó que el plan de acción de la Policía Nacional elaborado por su despacho considera, en primer lugar, la prevención social, en segundo punto el control territorial y en tercero el combate contra la criminalidad.

En el control de las personas y vehículos, la Policía será más minuciosa en los próximos días, con el apoyo del Ministerio Público, indicó.

Durante las protestas de diciembre, enero y febrero, que exigían el cierre del Congreso, la destitución de la presidenta, la convocatoria de elecciones y la creación de una asamblea constituyente, el Ejército y la Policía trabajaron de forma conjunta para reprimir las manifestaciones.

Las protestas dejaron un saldo de más de medio centenar de muertos y miles de heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades.

Todo ello llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a condenar la violencia policial registrada en Perú durante las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, al tiempo que aseguró haber encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Ayacucho, al sur del país.