Paraguay y España abordaron este martes las buenas prácticas en el combate al delito de trata de personas y en la atención a las víctimas, como parte de la cooperación entre ambos países.

Así lo informó en un comunicado el Ministerio Público, que este martes acogió el encuentro “Buenas prácticas en la investigación y atención de víctimas de tratas de personas en base a la experiencia de cooperación España-Paraguay”.

En su intervención, la embajadora de España en Paraguay, Carmen Castiella Ruiz de Velasco, señaló que su país lleva ya más de 15 años “luchando junto a Paraguay, acompañando sus esfuerzos no solamente a la hora de investigar y desmantelar redes de prostitución, sino también tratando de encontrar nuevas fórmulas para prevenir de manera más eficaz la trata”.

“Este compromiso de España es un compromiso evidentemente con los derechos humanos, pero es un compromiso también compartido con Paraguay, porque lamentablemente Paraguay es hoy el segundo país en nacionalidad de origen de las mujeres víctimas de trata en mi país”, alertó la diplomática.

Destacó también la experiencia en la atención integral a las mujeres víctimas de este delito y llamó la atención sobre la importancia de que se faciliten las vías para permitir que las afectadas puedan retornar a Paraguay si así lo desean.

Por su parte, el fiscal general, Emiliano Rolón, resaltó la importancia de la cooperación multilateral, al indicar que los crímenes transnacionales “no pueden combatirse simplemente con la intención unilateral de un país”.

En particular, señaló que las intervenciones conjuntas entre España y Paraguay contra la trata de personas han permitido “resultados positivos”.

“Rescato este aspecto sustancial, porque quizás sea el comienzo de ir sintiendo la necesidad de una cooperación más amplia, porque hoy la criminalidad, no solamente en materia de trata, sino en general, ha traspasado fronteras”, sentenció el titular del Ministerio Público.

El encuentro tuvo lugar como parte de una visita que cumple esta semana al país una delegación procedente de España integrada por la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp), Rocío Mora; la fiscal de la Sala Coordinadora de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez Álvarez, y el inspector de la Policía Nacional Miguel Iglesias.