México, D.F.- El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, y el legislador Fernando Rodríguez Doval, presentaron una iniciativa con la que buscan que todas las bitácoras de cualquier obra sean de carácter público y así evitar los actos de corrupción en proyectos de infraestructura.

Los panistas buscan agregar un párrafo a los artículos 46 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, la opinión pública podrá dar seguimiento a los proyectos de principio a fin, y con ello, advertir cualquier irregularidad y señalar oportunamente a los responsables para que se les finquen responsabilidades.

“Se pretende que se use de forma eficiente y correcta la bitácora, que sea pública, que coadyuve al control y manejo de los servicios relacionados con la obra, y se sujete al proyecto ejecutivo, con la menor cantidad de incidencias, con la calidad que marcan los estándares internacionales, que se cumplan los costos y tiempo esperados en cumplimiento a la normatividad”, refiere el documento suscrito por el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y el diputado Rodríguez Doval.

En su exposición de motivos, los legisladores de Acción Nacional destacaron que un proyecto que requiere de total trasparencia por su magnitud es el relacionado con la construcción del nuevo aeropuerto, que tendrá un costo de 169 mil millones de pesos y que será financiado con un esquema mixto, de los cuales 98 mil millones serán financiados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y el resto con capital privado.

“Este proyecto marca la necesidad de que se publique a la opinión pública por parte de la Secretaría de la Función Pública, los contratos y bitácoras que correspondientes a esta magna obra”, enfatizaron.

El negociador del PAN para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, Rodríguez Doval, destacó que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los principales problemas que se gestan en la obra pública son las modificaciones recurrentes respecto de las previsiones originales, incrementos importantes en los montos de inversión, así como prórrogas en el plazo de contratación, ejecución y puesta en operación, con la consecuente repercusión social y económica de no contar con las obras y servicios en el plazo y monto contratados.  (Agencias)