Padres de familia de la escuela secundaria Cuauhtémoc, de la comunidad de Presas, se manifestaron la mañana de ayer, en la oficinas del Centro de Atención al Cliente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para exigir la reconección de la energía eléctrica al plantel educativo, además se quejaron del ajuste que les hicieron a la facturación.

A temprana hora, los manifestantes, acompañados de algunos docentes y de  los representantes de la Sociedad de Padres de Familia, llegaron a bordo de autobuses y con cartulinas en mano, se apostaron en las entradas principales del Centro de Atención a Clientes y el área de oficinas de la CFE, ubicadas sobre la carretera Tula-San Marcos, a la altura de la colonia San Lorenzo.

Los padres de familia expresaron su molestia por el reajuste a la facturación del consumo de energía y que al negarse a pagar el servicio de luz éste les fue suspendido, por lo que para llegar a un acuerdo, dijeron, tuvieron que manifestarse.

Derivado del bloqueo a los accesos principales de CFE, una comisión de los manifestantes se reunió con los directivos, acordando la firma de una minuta en las que se establecieron varios acuerdos, entre ellos que el servicio de energía sería reinstalado de manera inmediata y que se diera inicio a la investigación correspondiente sobre el supuesto reajuste.

Los padres de familia precisaron que cuentan con la documentación necesaria y el historial de  los pagos y el consumo, y que por eso no estaban dispuestos a pagar un reajuste, además de que tampoco cuentan con los recursos para pagar el excedente que se les pretende cobrar.

Mientras que CFE, para justificar el reajuste, dijo que realizará un censo de las cargas que alimentan la acometida y que no pasaban por el equipo de medición, para que así los padres de familia conozcan cuál es el consumo que no se estaba pagando.

Al final CFE cumplió al reconectar el servicio y los manifestantes levantaron el bloqueo a las instalaciones y se retiraron en espera de que las investigaciones revelen los pasos a seguir en ambos casos, ya que la ex paraestatal pretender cobrar y los padres de familia se niegan a pagar.