Tulancingo
• Se cubrirá un monto de 477 mil pesos, en un plazo no mayor a seis meses.
La defensa de Julián Vera Segura, ex mando policiaco señalado de atropellar y privar de la vida a una menor de 13 años, el pasado jueves 30 de noviembre, informó que se llegó a una “reparación resolutiva” en este caso; por lo que se firmó un convenio económico con la señora Mónica Martínez Hernández, que asciende a unos 477 mil pesos.
Carmen David Suárez Hernández, abogado defensor de Vera Segura, descartó que la inasistencia de su defendido en la primera audiencia sobre el caso, el pasado lunes 4 de diciembre, haya sido una estrategia para lograr un amparo ante la orden de aprehensión emitida por el juez; ya que, aseguró, el ex mando no fue notificado en días hábiles, como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por ello, aseguró, se acudió al Juzgado 4to de Distrito, para obtener una suspensión provisional ante la posible detención de Vera Segura y lograr su comparecencia el juzgado de control.
Suárez Hernández aseguró que Julián Vera estuvo en todo momento en contacto con la madre de la menor fallecida.
El abogado explicó que una de las posibles soluciones al conflicto que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, es la suspensión condicional; bajo lo cual se llega a un acuerdo, se cubre una cantidad de reparación de daño que establece tanto el código nacional como el código del estado de Hidalgo, y se establece un convenio que queda aprobado en justicia restaurativa para la Procuraduría General de Justicia.
Ya establecido el convenio, éste tendrá que ser llevado ante el juez de control para que lo apruebe, y que se asegure de que el mismo fue celebrado de manera libre y voluntaria, respetando los mínimos que establece la ley.
“El código penal para el estado de Hidalgo establece un monto de cinco mil días de salario con motivo de la reparación de daño, es decir, 377 mil pesos de acuerdo a la unidad de actualización, pero se cubre una cantidad mayor con aportación del patrimonio de Julián Vera Segura, ascendiendo la cifra a 477 mil pesos.
El convenio deberá cumplirse en un periodo de no más de seis meses, para que el caso quede sobreseído.
“FUE LO MEJOR PARA LA PARTE AFECTADA”
La familia de Marichuy es de escasos recursos y no hay suficientes pruebas para vincular al ex titular de Seguridad Pública.
Leonardo Flores, asesor jurídico de la señora Mónica Martínez, madre de Marichuy, aseguró que la inasistencia de Julián Vera a la primera audiencia sobre este atropellamiento, fue una estrategia para lograr el amparo a favor de él; lo cual le permitiría además lograr un acuerdo económico.
Explicó que, a pesar de lo señalado por el acalde de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, y los medios de comunicación locales y nacionales, reconociendo que Julián Vera era quien conducía la patrulla que atropelló a Marichuy, esto no estaba acreditado jurídicamente, lo cual debilitaba la carpeta de investigación.
“Únicamente se cuenta con un video que circuló en redes sociales, un testigo, la propia patrulla e inspección como únicas pruebas, pero ninguna señala quién era el conductor de la patrulla lo cual tiene un grado de complejidad importante que ponía en riesgo la intención de la mamá, que buscaba que se sancionara la muerte de su hija conforme a la ley”, dijo el litigante.
Ante esta complejidad, la madre aceptó llegar a un acuerdo reparatorio, aunque señaló que ella no estaba satisfecha, porque nunca se percató del verdadero sentir del ex oficial de policía; por lo menos para notar algún mínimo arrepentimiento.
La señora Mónica es una persona de escasos recursos, vive con 600 pesos a la semana y le sobreviven tres hijas; además de que el cuarto en el que radican tienen condiciones precarias.
Este contexto obligó a la afectada a pensar en un acuerdo reparatorio, para que por lo menos, la muerte de su hija, contribuya a que sus otras hijas tengan una mejor forma de vida; por lo cual se abrió esa posibilidad.
El acuerdo está firmado, sin embargo, no se le ha pagado todavía el total de la cantidad referida.
Además se impuso la condición a Julián Vera, para que no conduzca ningún tipo de vehículo durante los próximos seis meses.
Finalmente, el abogado descartó una ambición monetaria o intereses mezquinos como los motivos principales que hayan llevado a la mamá de Marichuy a tomar esta decisión, por lo que llamó a la sociedad civil a respetar la parte afectada y no castigarla socialmente por esto.