TEMPORAL
La justificación del gobierno encabezado por Eleazar García es impecable: se trata de obtener recursos frescos, tan necesarios en toda administración municipal; así como para mejorar la movilidad urbana en el centro de Pachuca con un enfoque pro ambientalista. Donde la puerca tuerce el rabo es en la repartición de los dineros.
Cuando se toca el tema de la privatización de lo público, es menester apuntar hacia su impacto real en la calidad de vida de la población. En México las privatizaciones han tenido un lugar preponderante en la estrategia económica de los gobiernos neoliberales. El supuesto es que con ello se tendrán los recursos necesarios para confrontar desde la administración pública las demandas inherentes al desarrollo nacional, estatal o local.
Tal fue la justificación pública de la venta de grandes empresas, entre las que se cuentan Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, Imevisión, Minera de Cananea, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme al Banco Mundial y sus gestores más connotados, en nuestro país la privatización fue prácticamente un recurso obligado ante la necesidad de reducir el déficit público y estabilizar la economía, paradigma que también es asiento de la reciente reforma energética.
El quid del asunto, empero, es que el costo social de estabilizar la economía ha sido muy alto. Esto sin contar, primero, que las crisis económicas recurrentes echaron por tierra, desde 1995, las buenas intenciones de sucesivos gobiernos para estabilizar la economía. Segundo, que el déficit público es criminalmente elevado, porque se adquirieron deudas impagables del sector privado (¿recuerdan el Fobaproa?). Gracias a éstas decisiones, hoy México es un país de grandes empresarios y cada vez más millones de pobres.
Se trata de una cuestión muy simple pero no por ello menos brutal en su concepción: la población paga los costos, mientras que el sector empresarial privilegiado con múltiples concesiones se queda con las ganancias. Lógica que se impone en los grandes negocios emanados de las decisiones de orden federal, pero también comienzan a ser más comunes en el orden municipal. Tal es el caso de los parquímetros que comienzan a funcionar éste día en la ciudad de Pachuca.
La justificación del gobierno encabezado por Eleazar García es impecable: se trata de obtener recursos frescos, tan necesarios en toda administración municipal; así como para mejorar la movilidad urbana en el centro de Pachuca con un enfoque pro ambientalista. Donde la puerca tuerce el rabo es en la repartición de los dineros.
De acuerdo con el análisis de una revista especializada, el ayuntamiento pachuqueño firmó un convenio que otorga hasta 90 por ciento de los ingresos para la empresa que habrá de administrar un espacio que nos pertenece, con la custodia de una policía que se paga con nuestros impuestos. Condiciones evidentemente lesivas del interés público, que sólo caben en un contrato de carácter leonino.
En letras de Saramago: “… que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y, finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo…”.
Y ahí le dejo, pues en sentido estricto ¿qué culpa tiene una madre de lo que sus hij@s hacen?
DIARIO PLAZA JUÁREZ