El presidente centroamericano ha perdido piso
    •    Amenaza con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones


Manifestarse en Nicaragua ya es un delito. El Gobierno que dirige, con mano dura, el sandinista Daniel Ortega informó a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional de la prohibición de las protestas que exigen el fin del régimen. Y amenaza, también, con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.
Para las autoridades del país centroamericano, inmerso en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales” y una amenaza a la paz y la seguridad.
En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado.
“La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, se lee en la nota emitida por la Policía y enviada a los corresponsales extranjeros por la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Este último movimiento es un intento desesperado del régimen por frenar el movimiento social que desde abril exige el punto final a 11 años de gobierno autoritario.