Ocurrencia y acuerdos al vapor frente a la ira de los ciudadanos

Estar al frente de una nación y conducir la economía de un país no puede hacerse con ocurrencias, con decisiones que no prevén las consecuencias. Dirigir un país requiere poner en marcha una política económica y una política social correctamente estructurada. Pero para llegar a ello, es preciso una coordinación previa entre los agentes del mercado, entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos; precisamente, para poder definir una política económica correcta que cuente con el respaldo social.

En el pasado, el presidente Carlos Salinas de Gortari, al convocar a todos los agentes del mercado para poner en marcha un conjunto de medidas y frenar la inflación, a través del “Pacto de estabilidad y crecimiento económico (PECE)”, mostró que consensuar una política económica era posible en México. Lo lamentable ahora, es ver como la reforma energética fue impuesta sin considerar realmente los intereses de los empresarios y de los trabajadores; es decir, sin tomar en cuenta los intereses de los hogares, de donde sale la fuerza de trabajo que mueve la economía de cualquier país.

Totalmente a destiempo y cuando el país amenaza compartirse, el Enrique Peña Nieto hace un llamado a un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar”, para “dar marco a un acuerdo que nos permita emprender acciones, que nos permita ser sensibles a estas definiciones que se han tomado para, con sentido de solidaridad y de responsabilidad social, acompañar a los sectores menos favorecidos para cuidar de la estabilidad de precios, la estabilidad de economía, para cuidar la economía de las familias mexicanas”, las más desfavorecidas, precisó este lunes del presidente.

Se ha tratado de un evento desangelado, donde la retórica ha prevalecido sobre la razón. No sólo ha sido el acuerdo en sí, que nunca fue contemplado dentro del “Paquete Económico 2017”, sino sacado de la “Chistera” de emergencia para detener el desbordamiento del país y quizá la “Primavera Mexicana”, si no los argumentos expuestos por el presidente, el cual trata a toda costa de desligar los incrementos de los hidrocarburos de la reforma energética absurdamente; los planteados por el Secretario de Hacienda y el de Economía, José Antonio Meade Kuribreña e Ildefonso Guajardo, respectivamente.

El país ha acudido a un alegato del presidente y su gabinete para tratar de justificar lo injustificable; porque el precio de los hidrocarburos forma parte de los costos de producción de toda la economía nacional y no hay medidas que puedan frenarlos; al menos que el Estado de marcha atrás y establezca precios máximos para todos los bienes de la canasta básica, lo que provocaría deformaciones en los precios e iría en contra de su propia política de liberación de los mercados y formación de precios, de acuerdo a la oferta y la demanda.

Atinadamente la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), ha rechazado el Acuerdo, bajo el argumento lógico de que la propuesta no fue consensuado debidamente y se corre el riesgo de convertirse en una estrategia de comunicación o imagen pública, que es de lo que realmente se trata; pues el Acuerdo fue entregado el viernes 6 de enero pasado y su propuesta final fue entregada dos horas antes de ser anunciada.

En una crisis provocada por el propio gobierno, resulta absurdo que habiendo aprobado ya la política económica para 2017, ahora se trate de hacer ajustes y se convoque a la austeridad, incluyendo la reducción en un 10% de la partida de sueldos y salarios de los servidores públicos de los mandos superiores del gobierno federal; que se pida a todos los poderes del gobierno federal, a gobiernos estatales y municipales que adopten medidas similares.

El presidente Enrique Peña Nieto había señalado el jueves pasado que, el aumento en los precios de las gasolinas anunciados en diciembre de 2016, conjuntamente con la liberalización del mercado en cinco etapas, que ha desatado la ira de la población, es producto del incremento internacional de la gasolina, diciendo que “se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento… el ajuste del precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. En el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%”, subrayó, cuando todos los países petroleros hoy tienen problemas en sus finanzas producto de la caída de los precios internacionales del petróleo y en 2008 cuando se dispararon los precios del petróleo superando los cien dólares nunca se incrementó el precio de la gasolina.

Lo peor de todo es que, sólo el petróleo Brent del Mar del Norte, que sirve como referencia internacional, hoy lunes se vendió a 54.740 dólares por barril, y se ha reducido al día de hoy en 0.98%. Este tipo de petróleo, respecto a su precio del 31 de diciembre pasado, ha perdido un 3.71% de su valor. Después de 2008, cuando los precios del petróleo superaron los 100 dólares el barril, para luego caer en 2009 y volver a aumentar gradualmente en 2010 hasta llegar a un nuevo nivel máximo en 2012, el precios se ha ido desplomando gradualmente hasta 2014, año a partir del cual su precio se ha reducido vertiginosamente hasta 2016; en ese año llegó a estar en su nivel más bajo, incluso por debajo de sus costos de producción. De ahí la alarma entre los países petroleros y los acuerdo entre ellos para estabilizar el mercado en noviembre pasado.

Los acuerdo recientes de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como los no OPEP, de reducir su producción para estabilizar los precios del petróleo, que entró en vigor el 1 de enero pasado, sólo espera un aumento de 5 centavos adicionales por litro, entonces ¿Dónde está ese alarmante aumento internacional de los precios de las gasolinas?

Es absurdo tratar por todos los medios de convencer a los ciudadano que los precios de la gasolina en México eran muy bajos en comparación con otros países e hicieron preciso retirar el subsidio por la salud de las fianzas públicas o incrementar los precios para proteger los programas sociales. La única razón es que la liberalización del mercado trae consigo incrementos en sus precios, el error es haber decidido hacerlo ahora, a un año de las elecciones presidenciales y enfurecer al pueblo.

Hoy, al menos hay 39 países en el mundo donde el litro de gasolina es vendido a un precio menor que en México, entre ellos están Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia y Panamá en América Latina; ni siquiera informaron al presidente de ello ayer lunes cuando sólo se refirió a los tres primeros. En los países, donde la economía de mercado funciona correctamente, como en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, por ejemplo, los precios son mayores a 1.5 dólares por litro.

Pero aún más, de acuerdo a los datos de Global Petrol Prices, China es uno de los países que vende más caro el litro de gasolina, 1.91 dólares; seguido por Noruega con 1.79 dólares; Islandia con 1.72 dólares y Mónaco 1.65 dólares; pero México, que es un país productor de petróleo, vende en 0.72 dólares, en promedio, el litro de gasolina, mientras que en los Estados Unidos se vende 0.67 dólares y en Canadá en 0.92 dólares por litro.

Por eso es que, hablar de un incremento en los precios del petróleo o en el precio internacional de la gasolina, a fin de justificar los errores del proceso de liberalización del mercado de los hidrocarburos, componente de la reforma energética; negar que éstos incrementos y los que vendrán son producto de ese proceso, resulta una ofensa a la inteligencia popular e intelectual de millones de mexicanos, pues supone que los ciudadanos están desinformados en la era de las comunicaciones.

Los aumentos en los precios de los hidrocarburos es el resultado natural de la liberalización del mercado, un componente de la reforma energética, y no del incremento de los precios internacionales de la gasolina; que si bien han aumentado relativamente en algunos países de Europa por el invierno y la especulación debido a los acuerdos de la OPEP, no dan para justificar lo que el gobierno está haciendo en México.

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