OCDE y G20 tras los gigantes de la tecnología

NÚMEROS CLAROS

    •    La OCDE fue creada en 1960 por 18 países europeos, los Estados Unidos y Canadá


Casi 130 países estarán representados el martes y el miércoles en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de tratar de llegar a un acuerdo sobre la redefinición de las normas fiscales internacionales. Los ministros de finanzas, funcionarios del Tesoro y otros asesores discutirán un programa de trabajo para evitar que las grandes multinacionales y los gigantes digitales escapen del impuesto.

La OCDE fue creada en 1960 por 18 países europeos, los Estados Unidos y Canadá. Hoy la Organización está conforman 34 países, entre ellos México y Chile de América Latina, y es dirigida por el mexicano Ángel Gurría, quien fuera Canciller y Secretario de Hacienda; quizá por eso aún se puede leer en el portal de la OCDE: “El Gobierno de México, bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, diseñó el paquete de reformas más ambicioso que la OCDE ha presenciado en años recientes. Después forjó el consenso político necesario para refrendarlo mediante el inusitado Pacto por México; promovió la aprobación de estas y otras reformas en el Congreso; y comenzó a ponerlas en marcha…”

Probablemente es el epitafio de un proyecto fracasado, de un paquete de reformas que ni impulsaron el crecimiento ni contribuyeron a mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Por el contrario, las reformas de 2013 no hicieron sino incrementar el empobrecimiento de millones de mexicanos y concentrar la riqueza en unas cuentas manos (Consultar reportes anuales sobre la pobreza de Oxfam Internacional); entre ellas, la reforma energética sirvió para promover el robo en PEMEX, pero no para incrementar la producción de petróleo y los ingresos producto de su exportación.

Pero ahora Gurría hace algo más que la retórica de siempre; pues los cierto es que la OCDE, al igual que el Grupo de los 20 (G20), continúan preocupados el estancamiento económico. Desde la crisis de 2008, los países desarrollados y emergentes como México, han estado buscando curas a una economía capitalista que continúa sin reaccionar a los estímulos monetarios o que, ha registrado crecimientos minúsculos en algunos países o crecimiento sin empleo, como en Alemania.

De aquí que, en enero pasado numerosos países se comprometieron a intentar avanzar en el tema de las normas fiscales. Este martes y miércoles en Paris, la OCDE desea poder aprobar un documento donde se detallan las diferentes opciones sobre ese tema. El documento se presentará a los ministros de finanzas del G20, los próximos 8 y 9 de junio en Fukuoka, Japón; así como a sus contrapartes del G7, los días 17 y 18 de julio próximo en Chantilly, Francia.

La adopción de un sistema tributario internacional se ha convertido en una prioridad para muchos gobernantes. Se trata de un tema complicado, donde las grandes empresas han estado sacando ventaja, es un tema donde existen diversas alternativas para implementar nuevas normas fiscales internacionales. La propuesta se basa en dos pilares; el primero de ellos, hace referencia a las nuevas normas fiscales de las propias empresas; el segundo, trata de la competencia fiscal de los diferentes países, al proponer la introducción de una tasa impositiva corporativa mínima a nivel global, algo que parece atractivo para evitar que las empresas salten de un país a otro para evitar la fiscalización y evadan impuestos.

Recordemos que hoy, gracias a los avances de la tecnología digital y los mercados electrónicos, las empresas tienen por casa matriz el planeta. Las empresas ya no necesitan estar físicamente presentes en un territorio para ofrecer sus servicios o productos; basta de que dispongan de portales dinámicos en diferentes idiomas para acceder a un enorme mercado de consumidores, algo inimaginable hace 30 años atrás.

Es por esa razón que, al margen de los acuerdos de libre comercio, se ha vuelto imprescindible revisar los vínculos fiscales, los nexos entre las empresas y la administración tributaria encargada de imponer y recabar los impuestos. De ahí los cuestionamientos que los especialistas y responsables de los impuestos se hacen hoy: ¿Es necesario que cada país grabe la facturación realizada en su territorio por las empresas? ¿Debemos reasignar los beneficios de una empresa entre los países donde opera, de acuerdo con una clave de distribución que se defina? ¿Deberíamos adaptar el marco fiscal a los gigantes digitales solamente o ampliar el alcance a todas las multinacionales? ¿Se debería gravar solo en el lugar donde se consumen los servicios o productos?, eso es lo que debaten hoy los ministros de finanzas y el Secretario de Hacienda de México entre ellos.

Pero lo cierto es que no hay acuerdo sobre el tema. Se sabe que los aliados de los Estados Unidos, junto con China, apuestan por una amplia tributación sobre el lugar de consumo; no obstante, el Reino Unido aboga por que se adopte un marco fiscal solo para GAFA (acrónimo utilizado para hacer referencia a las cuatro grandes compañías tecnológicas: Google, Amazon, Facebook y Apple); mientras que, los países en desarrollo, con la India al frente, quieren que la distribución de las ganancias de las multinacionales se realice con reglas simples y equitativas; mientras que países como Francia, ha dado el paso de imponer impuestos sobre la facturación de los gigantes digitales, dejando claro que cobrará impuestos si se llega a un acuerdo internacional; a la vez, trabaja con Alemania para introducir una tasa impositiva mínima a las multinacionales.

Pero hasta ahora no hay nada claro y los detalles técnicos quedan por definir. Sin embargo, cada país siempre tendrá la posibilidad de introducir una tasa impositiva inferior a la mínima prevista, según lo señalado en los medios internacionales. Por lo tanto, corresponderá al país de residencia de la empresa matriz, deducir la diferencia entre la tasa pagada en el país de baja tributación y la tasa mínima; pero nada está dicho, sólo que, a partir del miércoles por la noche, comienza la carrera para llegar a un acuerdo a finales de este año y aplicarlo en 2020.

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