Tula de Allende
Afectación a cinco municipios
Recalcaron que el camino hacia el tiradero le pertenece al ejido y que por ese motivo no estaban afectando a terceros… pues tampoco les pidieron autorización para utilizarlo, el cual les han deteriorado por el paso constante de unidades pesadas
Ejidatarios del ejido de Tula, para hacer cumplir el amparo que promovieron, sobre la suspensión a cinco municipios, para que dejen de depositar la basura en el Relleno Sanitario Regional, con vehículos particulares bloquearon ayer el acceso al tiradero.
Dijeron que luego del amparo 281/2017-I que les fue concedido por el juez Miguel Ángel Villaseñor Reyes, titular del Juzgado cuarto de Distrito con sede en Pachuca, procedieron a bloquear el acceso al Relleno Sanitario Regional.
Fabiola López Ramírez, abogada del ejido explicó que en enero pasado ingresaron un documento al municipio de Tula donde le hicieron saber que la parcela 170 se encontraba dentro del régimen de tierras ejidales y que no había salido de ese régimen. En ese entendido no existía antecedente de que la Asamblea Ejidal hubiera autorizado el uso del predio para relleno sanitario regional.
Lamentablemente el ejido recibió una contestación errónea, que lejos de apostarle al diálogo, intentó ignorar sus derechos y que por eso tuvieron que recurrir al amparo.
López Ramírez puntualizó que en la suspensión otorgada se ordena a las autoridades responsables dejen de hacer uso del Relleno Sanitario Regional, ubicado en parcelas ejidales número 170-Z-2 P1/2 y 92Z-2P1/2, perteneciente al ejido de Tula de Allende, además de que se abstengan de seguir depositando basura, desechos tóxicos y todo lo que derive en la contaminación al ambiente, hasta en tanto se resuelva de fondo y que para esos efectos está concedida la suspensión.
La abogada dijo que si bien para la reunión con representantes de la autoridad municipal de los cinco municipios involucrados sólo había asistido el comisariado ejidal Aristeo Hernández Mendoza, acompañado de más miembros del comité de administración y vigilancia entre ellos Silvino Sánchez Sánchez, Francisco Salomón, Andrés Mejía Cortez y el asesor jurídico Alberto Leal, detrás de ellos se encontraba el respaldo de más de 200 ejidatarios que conforman el núcleo ejidal.
Los abogados y el comisariado señalaron que lo que pedían además del pago de daños y perjuicios era el cumplimiento de la suspensión, así como exigir que se deje de seguir contaminando las tierras aledañas al depósito de desechos que calificaron no como relleno sanitario, sino como tiradero a cielo abierto.
Precisaron que los daños han sido incuantificables sobre todo a la salud irreversibles, debido a que el lugar no ha operado bajo normativa ambiental.
Los ejidatarios dijeron que no se cerraban a que se atendiera la problemática social que saben genera el cierre del relleno sanitario, pero que no podían seguir permitiendo que no se tenga un buen tratamiento de la basura y el saneamiento del lugar, que dé garantía no sólo a los ejidatarios sino a la sociedad en general de que se está dando el tratamiento adecuado de los contaminantes que generan los desechos ahí depositados.
Por su parte, el abogado Alberto Leal comentó que con el contrato de arrendamiento se está beneficiando a un particular, así como a la empresa que opera el relleno sanitario y que el ejido es el afectado en sus cosechas y en ningún momento fue tomado en cuenta.
Agregaron que, además, tienen conocimiento de que Pemex y CFE tiran el en relleno sanitario residuos tóxicos y que eso no puede ser posible, ya que eso ha derivado en daños ambientales irreversible.
Finalmente, antes de la reunión con las autoridades municipales de los cinco municipios involucrados, los representantes de los campesinos dijeron que van a defender hasta el final que deje de operar el relleno sanitario y así evitar más contaminación a sus tierras.