NÚMEROS CLAROS
    •    La SFP no se transformó en una Fiscalía Anticorrupción y estuvo en manos de hombres de confianza del presidente, capaces de cubrir cualquier rastro de abusos del poder, tráfico de influencias y corrupción


En el sexenio que concluye y en el que inicia ahora, la corrupción ha sido un tema central del gobierno federal. En el que concluye se habló de desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP) y enfrentar la corrupción, al final no desapareció ni se enfrentó sino que fue uno de los sexenios con más casos de corrupción a los niveles más altos. La SFP no se transformó en una Fiscalía Anticorrupción y estuvo en manos de hombres de confianza del presidente, capaces de cubrir cualquier rastro de abusos del poder, tráfico de influencias y corrupción. De tal forma que el combate a la corrupción se convirtió en una quimera para los ciudadanos y se avalaron actos de corrupción cuestionados y condenados por la opinión pública nacional.
La adquisición por el presidente y su esposa de la “Casa Blanca”, a través del consorcio Higa y su empresa constructora Teya, en pago a la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro por la empresa China Railway Construcción Corporation; propiedades adquiridas de manera inexplicable por el Dr. Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y actual Canciller; los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y la relación con Emilio Lozoya, ex titular de PEMEX; el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la negociación de su condena, entre otros actos de abuso de poder, tráfico de influencias y actos de corrupción, mostraron la incapacidad de la SFP de actuar de manera neutral e independiente para hacer justicia en nombre de los ciudadanos, para neutralizar la corrupción dentro de la administración pública.
Por otro lado, el gobierno que se ha instalado después de las elecciones del 1 de julio en México, con la mayoría en el Congreso de MORENA, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, han situado la lucha contra la corrupción como la columna vertebral de las políticas públicas que se ejecutaran en el sexenio. De tal forma que se ha adquirido un compromiso frente a los ciudadanos, el cual será determinante para la continuidad del proyecto de gobierno de MORENA y cumplirlo o no será fundamental en las futuras elecciones de mitad de sexenio en 2021 y presidenciales de 2024; tanto como para la oposición, que hará todo lo posible por entorpecer y desacreditar al gobierno en el cumplimiento de sus promesas de campaña.
Los hechos parece indicar que los instrumentos actuales para hacer frente a la corrupción en México han sido insuficientes o superados y se requiere rediseñar el trabajo dentro de la SFP, para convertirla realmente en un instrumento de los ciudadanos para enfrentar y extirpar la corrupción, como una forma de gobierno y ejercicio del poder.
En este sentido, habrá que trabajar para que dentro de la administración pública federal, el control interno institucional no sea considerado como una carga administrativa adicional que deben cumplir los funcionarios públicos, sino como una herramienta de gestión que minimiza los riesgos en la administración pública si se planifica el trabajo y se atienden los planes o programas, alineados al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que debe dejar de ser un listado de buenos propósitos y referencia de los discursos públicos, para convertirlo en guía de trabajo de la administración pública a través del sexenio.
En la vorágine diaria de la administración pública, difícilmente los servidores públicos piensan en los procesos que ejecutan durante su trabajo o en cómo mejorar su calidad; la mayoría de las veces se habla de manera reactiva al trabajo espontáneo que surge durante la jornada, como la atención a los “bomberasos”, a los trabajos espontáneos que surgen de ocurrencia o de reuniones que cambian las prioridades en cada momento y se dejan a un lado los objetivos institucionales, las tareas previas para cumplir con ellos en el trimestre, en el semestre o en el año; volviendo a ellos sólo cuando hay que preparar los informes.
Tanto los titulares de los organismos públicos, responsables del Control Interno, como los funcionarios públicos y demás servidores públicos de la administración pública federal y en los Estados, consideran las tareas que se derivan del Control Interno Institucional como un trabajo administrativo adicional, burocrático, que los distrae de su trabajo sustantivo diario, sin ver en él ninguna utilidad. De tal forma que consideran el trabajo de Control Interno como algo adicional al sustantivo de su institución, viéndolo como una moda pasajera que terminará en algún momento, ya sea que se atienda o no, no afectará su trabajo.
Si bien desde 2006 se ha venido trabajando en el Control Interno y Desempeño institucional en el gobierno federal; en el Estado de Hidalgo no fue hasta noviembre de 2017 en que el nuevo gobierno publicó el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación estatal en materia de control interno para el Estado de Hidalgo”, por medio del cual instruyó a todas las dependencia, y organismos públicos centralizados y descentralizados, la instalación de Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
Sin embargo, como ha pasado en otros Estados, a casi un año son pocas las instituciones las que han instalado correctamente su Comité; algunas se han sumado al ritmo de las exigencias de la Secretaría de la Contraloría y al aprendizaje de sus responsables en cada organismo público; por lo que no existen programas de control interno ni de administración de riesgos; lo cual cuestiona que el control interno pueda servir para contener la corrupción.