El jueves pasado se iniciaron las actividades del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH). Iniciativa del Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, coordinada por Magdalena Cervantes y secundada por varias instituciones: el CIDE, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Flacso‑México, la Suprema Corte de Justicia, la CNDH, la CDHDF, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Oficina del Abogado General de la UNAM, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, la Cátedra Extraordinaria sobre la Trata de Personas y la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
La relevancia de esta iniciativa es de primer orden. Se trata de construir un método y medios de observación sistemática del comportamiento de los Estados y los organismos internacionales en el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales de los derechos humanos que toda autoridad y todo poder deben respetar, cumplir y hacer cumplir. La organización del Estado a nivel mundial atraviesa múltiples transiciones. Cada día que pasa las instituciones tradicionales que lo caracterizan se enfrentan a fuerzas globales con las que deben coexistir y adaptarse. El Estado excede las fronteras nacionales y se ve obligado a reconocer la legitimidad internacional de los derechos humanos. Se trata de los derechos que conforman la integridad y la dignidad de cada individuo y que han de reconocerse por parte de todos los seres humanos y de los diferentes poderes. Cada vez más, este reconocimiento se torna obligatorio en la comunidad de naciones y al ser los seres humanos los sujetos protegidos, los gobiernos se enfrentan a la necesidad de garantizarlos institucionalmente, tanto a nivel nacional como internacional.
Para muestra lo que está pasando en México. Desde 2011 con la reforma del artículo primero constitucional los derechos humanos fueron firmemente reconocidos en la Carta Magna. En una iniciativa que amalgamó sentencias ejemplares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte e iniciativas de diversos partidos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, el reconocimiento de estos últimos fue establecido como una obligación de toda autoridad y de todo poder. Pero la inercia casi centenaria de un Estado edificado sobre el principio del otorgamiento de derechos y no de su reconocimiento, impone la transformación de verdaderas capas geológicas de disposiciones, ordenanzas, costumbres, creencias y prácticas de todo tipo, arraigadas en el vetusto principio de la graciosa concesión y que hoy se tiene que trastocar en reconocimiento. Lo que la reforma trajo a la agenda pública es que las personas son las titulares de los derechos humanos, no el gobierno, y éste tiene la obligación de garantizarlos, no de concederlos. Para hacer eso debe transformar profundamente sus instituciones, tarea que se antoja inmensa y está pendiente en muy grande medida. Cada uno de los grupos de derechos humanos (ver: “http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/‑WhatareHumanRights.aspx”) requiere de una estructura institucional y de políticas públicas orientadas a su realización efectiva. Tanto en el plano internacional como nacional se trata, por vez primera en la historia, de valores universales que han de ser protegidos, y que son herramientas de transformación de estructuras de injusticia e inequidad.
Con la iniciativa del Observatorio se agrega un instrumento más para la vigilancia del cumplimiento de los tratados y convenciones en la materia en todo el hemisferio americano. Lo hacemos desde la academia, la sociedad civil y las instituciones responsables en cumplimiento de la más genuina valoración de los seres humanos.
Twitter: @pacovaldesu