Entre líneas

• La respuesta es tan simple como su objetivo: para simplificar los procedimientos

Quizá ya ha escuchado hablar de la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y, si usted no pertenece a la comunidad jurídica, se preguntará: ¿Para qué sirve un nuevo código si ya existía –en su entidad- un código de procedimientos civiles y un código de procedimientos familiares? 

Pues bien, la respuesta es tan simple como su objetivo: para simplificar los procedimientos, unificarlos en todo México y que no existan diversas maneras de tramitar un mismo procedimiento en cada entidad federativa del país, pero sobre todo, para hacer realidad el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta, completa, imparcial y expedita, como establece el artículo 17 Constitucional.

Antes, cada Estado del país tenía –o aún tiene- su propio código de procedimientos civiles y/o familiares, por tanto, sus particularidades específicas según la entidad donde se encontrare; ahora, es un único código para toda la nación, y por tanto, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, se regulara en cada entidad federativa el procedimiento civil y familiar bajo las mismas reglas.

Aunque para ello los Estados y la Federación, gozan de un plazo de casi 4 años para poner en práctica esa nueva legislación, ya que “a más tardar el 1º de abril de 2027” deberán ejecutarse los procedimientos bajo esas nuevas normas.

No sobra decir que las “novedades” del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se asemejan en mucho, a lo que en su momento fue novedad para el procedimiento penal: el uso de la oralidad y la reducción –no eliminación- de la tramitación por escrito, la inclusión de la obligatoriedad de observar (como sinónimo de cumplir) en los procedimientos  las perspectivas de infancia y género [lo cual es un compromiso internacional del Estado Mexicano desde la firma de las Convenciones Internacionales del Niño, Belem Do Pará y CEDAW], el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s) en el desahogo del procedimiento y el reconocimiento a las personas con diversidad funcional –mal llamadas “incapaces o discapacitadas”- de su capacidad de ejercer [por sí] plenamente sus derechos [como también es un compromiso internacional de México desde la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por tanto, la aplicación de dicha perspectiva], entre otras.

Sin embargo, aunque México es un país que se distingue -y ha distinguido- en la comunidad internacional, por crear leyes de avanzada (como los derechos sociales desde la Constitución de 1917, por ejemplo), no es suficiente la existencia de dichas normas constitucionales o legales, que evidencia el trabajo realizado por el Poder Legislativo, y que se apliquen dando intervención al Poder Judicial, es indispensable que se garantice el cumplimiento efectivo de tales normas, y no solo quede en el papel… en el Código.

Por ello, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, trae aparejado un reto nada menor para el Poder Ejecutivo –Federal y Estatales-, pues proveer a toda la Federación y a las 32 entidades federativas de los recursos humanos y materiales necesarios para que dicho código se aplique a cabalidad, significa aumentar los presupuestos para brindar los insumos necesarios.

Baste decir que tan solo el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones implica una inversión extraordinaria en los lugares en los que escasamente utilizan computadoras –y no de última generación- o ni siquiera tienen acceso a una red de comunicación como internet, solo para empezar a describir lo evidente.

Así las cosas, la creación de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Civil, como entonces lo fue en Materia Penal, con la intención de solucionar los conflictos sin necesidad de agotar los formalismos de todo el procedimiento, también implica, indiscutiblemente, la utilización de recursos para su ejecución.

De ahí que, estamos ante un desafío global que evidenciará, con el tiempo, la verdadera intención de que se haga realidad, pues como dijera el escritor australiano Andrew Mathews, “contra el reto se miden la seriedad de nuestras intenciones”.