El Concejo Municipal de Tizayuca aclaró, en un comunicado, su postura acerca de las manifestaciones que se han llevado a cabo en las que denuncian despidos injustificados de titulares de áreas y empleados del Ayuntamiento. 

Informó que en ningún momento se ha cometido abuso alguno dentro de las funciones que les confiere la ley, y que por lo tanto no se han realizado despidos injustificados del personal, ya que en el caso de los secretarios saben que ellos al ser personal de confianza del titular del ejecutivo municipal, deben de terminar sus funciones en cuanto éste concluye en su encargo.

Aclaró que, en el caso del personal de base, contrato y de confianza no se ha ordenado, ni se ordenarán despidos. 

Informó que el sábado 5 de septiembre, al ser instalado el Concejo Municipal Interino, los integrantes de este órgano tuvieron conocimiento que existía personal de contrato y listas de raya a los que la administración municipal 2016-2020 había dejado de pagarles sus sueldos, incluso en algunos casos desde una quincena atrás, por lo que se ordenó se realizarán los trámites correspondientes para pagarles.

El Concejo destaca que de manera pública y en cada una de las manifestaciones que se han realizado y ante el propio personal, se les ha hecho saber que no habrá despidos que tienen garantizado su trabajo sin importar su antigüedad, pues el principal compromiso es respetar sus derechos laborales.

Resaltaron que tomaron la decisión de realizar algunos cambios en áreas muy específicas, con la finalidad de garantizar a la población que en el los tres meses que estarán a cargo de la administración municipal se realizara un proceso de transición claro, honesto y transparente de los recursos públicos. Sin embargo, esto fue impedido por distintos grupos sociales y de trabajadores, quienes a través de presiones y amenazas violentas han orillado al presidente del Concejo a ratificar a algunos funcionarios en sus cargos.

El Concejo Municipal refiere que aunque su principal objetivo de trabajo es brindar servicios de calidad a la población, garantizar la paz social, la gobernabilidad y la gobernanza del municipio, les han impedido realizar sus funciones como lo establece la jurisprudencia, esto mediante protestas, manifestaciones y amenazas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceras personas.

Hicieron un llamado a la población para que se conduzcan a través del diálogo y la tolerancia: que prevalezca la empatía; no se afecte la movilidad de la población; no se vulneren sus derechos y se logren acuerdos.