●    La joven denunció inmediatamente la agresión y los exámenes médicos certificaron la violencia física

El pasado 16 de mayo no hubo clases en México. Aquel lunes las escuelas celebraron el día del maestro y Citlali, una joven indígena de 13 años, se encontraba sola en casa cuando un compañero de trabajo de su padre la agredió sexualmente. Acompañada de sus hermanos, la menor acudió a la comisaría. Los exámenes certificaron la violencia física y el daño psicológico de la niña. El ministerio público consignó al agresor por violación agravada.
La muchacha pertenece a la etnia huichola. En ningún momento las autoridades le ofrecieron la pastilla anticonceptiva de emergencia o un tratamiento para evitar las infecciones de transmisión sexual. Tampoco le informaron de su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que éste ocurriera. En México el aborto está permitido en caso de violación, sin embargo, el juez que recibió el caso, reclasificó el delito como estupro -significa que la joven, engañada, dio su consentimiento-, y las autoridades de salud estatales le niegan acceso al servicio.
“Para fines de investigación es importante, pero para acceder a la interrupción legal del embarazo no. Ella fue víctima de una agresión sexual, y como tal, es irrelevante lo que el juez estime. No hay impedimento legal para que las autoridades la apoyen”, argumenta Regina Tamés, presidenta de la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, que asesora a Citlali.