Donald Trump, el más probable candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, ha centrado buena parte de discurso en la xenofobia y la guerra contra las drogas. Ese mal que aqueja sobre todo a las sociedades más puritanas como es en buena medida la de aquel país. De ahí que su propuesta para construir un muro fronterizo, más allá de las diatribas que suele usar en sus eventos proselitistas, o de las buenas conciencias que se oponen; no debe echarse en saco roto, pues dibuja el sentir una gran parte del electorado estadounidense.
Usa la forma más fácil de eludir responsabilidades: adjudicárselas a alguien más. Por eso para él, así como para no pocas almas pías estadounidenses, el problema viene del sur de su frontera y no de las características sociales y culturales de las personas que viven allende nuestro Río Bravo.
Pero su afán va más allá. Propone también frenar la inmigración no autorizada hacia tierras estadounidenses. Particularmente la de mexicanos y latinos. La misma que en nuestro país ha servido de válvula de escape a las vicisitudes económicas que ha padecido la región desde los noventa. Es decir, más de tres décadas de tránsito no autorizado de aquí para allá y viceversa. Tránsito en que las personas se convierten en una mercancía más, víctimas en muchos casos de abusos y vejaciones, incluso de trata o situaciones de cuasi esclavitud. Dimensión que poco se aprecia entre quienes, esperanzados, ven en el flujo de remesas un salvavidas nacional.
La construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, sin embargo, no es una idea nueva. De hecho ya ha sido construido en ciertas franjas y no obstante la oposición interna a ese gasto. Otro republicano, George W. Bush, firmó en octubre de 2006 una ley que autorizó la construcción de un muro físico y tecnológico. El plan (SecureBorderInitiative) consistió en construir 1,078 kilómetros de cerco fronterizo y una red de alta tecnología de detección y de comunicación para, presuntamente, atajar el problema de la migración no autorizada, así como el ingreso de mercancías de comercio ilegal, entre otros.
En 2013, el senado norteamericano votó a favor de un cambio legislativo para expandir las medidas de seguridad en la frontera, mismas que se ampliaron con Barak Obama como presidente. Pero su crecimiento sostenido inició en el mandato de Bill Clinton (Operation Gatekeeper and Safeguards), es decir, precisamente en uno de los momentos más difíciles para la economía mexicana (léase “error de diciembre”).
En ese tenor, si bien podemos rasgarnos las vestiduras, la propuesta de Donald Trump sigue una lógica similar: mayor control fronterizo ante las crecientes dificultades económicas en nuestro país, aderezadas con un potencialmente explosivo coctel de seguridad nacional vinculado al crimen organizado y/o el trasiego de drogas. Conociendo su efecto, sólo cambia la manera en que se le ofrece al electorado: dado que los esfuerzos han sido notoriamente insuficientes para contener la problemática, una y otra vez Trump apela a los votantes norteamericanos diciendo que el muro será pagado por México y no por sus impuestos. Habrá que tomar providencias por si acaso.