Adolece de una visión sistémica e integral
• “Procuradurías con serias deficiencias”
El actual modelo de justicia del país carece de una visión sistémica e integral que prevenga, investigue y sancione los delitos. Pero además, las procuradurías presentan serias deficiencias estructurales, en medio de información insuficiente, que hace prácticamente imposible el acceso a la justicia.
Estas afirmaciones son parte del diagnóstico contenido en el Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado por la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
El documento, presentado y entregado a representantes del Poder Ejecutivo y Judicial –no asistieron miembros de la Cámara de Diputados ni del Senado–, contiene una serie de recomendaciones para diseñar un nuevo modelo nacional de procuración de justicia, el cual requiere una profunda reforma que requerirá varios años.
Presentado en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el documento –resultado de 11 foros y 16 mesas temáticas realizadas en todo el país, con participación de representantes de la sociedad civil y de expertos nacionales y extranjeros–, propone una reforma integral a nivel constitucional y legal, así como acciones de implementación inmediata.
Al presentar los principales puntos del diagnóstico y recomendaciones, el director general del CIDE, Sergio López Ayllón, destacó la necesidad de construir fiscalías, tanto a nivel federal como en estados, que sean eficaces y eficientes, respeten derechos y con imparcialidad respecto de cualquier poder.
Además, dijo, el informe recomienda una nueva arquitectura institucional para las fiscalías, basada en células de investigación, flexibles y profesionales, y que en su integridad, el nuevo modelo sea congruente con los principios del sistema penal acusatorio.
De esta forma, entre las recomendaciones se encuentran reformas a los artículos 21, 73, 102 y 116 de la Constitución general, con el objeto de revisar el diseño de las fiscalías, incluido el proceso de designación de sus titulares, una mejor definición de la relación entre policía y ministerio público, así como la creación de un Código Penal Único.