Una nueva ley pretende otorgar poder al Ejecutivo para revisar y destruir documentos históricos
Un futuro donde el Gobierno tenga poder sobre la memoria. En donde un grupo de burócratas decida qué fue el pasado y cómo debe ser recordado. Un futuro imaginado por Orwell en 1984 y legislado por México en 2016.
Tres nuevas leyes, que pretenden garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales, amenazan con permitir la destrucción de documentos históricos con fines políticos.
Un colectivo de historiadores e intelectuales, entre los que destacan Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo Mayer y Sergio Aguayo, han impugnado estas reformas que califican como un obstáculo para la creación de una memoria colectiva plural.
La nueva Ley General de Archivos establece que el resguardo de documentos históricos queda bajo el control del presidente. Supeditar el sistema archivos al Gobierno puede comprometer la construcción de la memoria histórica a intereses políticos, señalan los expertos. Tal como lo hace el ‘Ministerio de la Verdad’ en la novela de George Orwell, los funcionarios tendrán el poder de revisar los registros y destruir los que quiera sin tener que rendir cuentas o consultar con expertos en el tema.
