Personal ministerial de la Fiscalía de género y trata de personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo mediante procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de 31 años y tres meses de prisión para una persona por feminicidio, ocurrido en Pachuca.

El día de los hechos la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente por la muerte de una mujer que fue hallada en su domicilio, la mañana del jueves 25 de junio del 2020 y cuyo cuerpo presento evidentes signos de violencia.

En esa ocasión la alerta que se dio al 911 de Emergencias, provocó la inmediata movilización de elementos policíacos que acudieron al lugar para tomar conocimiento del crimen.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Felipe Ángeles, la Fiscalía de delitos de género y trata de personas, tomó intervención e inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

De ello se recuerda que el cuerpo de la mujer identificada como J.M.C.U.,  de 19 años de edad, fue hallado envuelto en una cobija y con heridas en el cuello y las muñecas.

En el lugar del homicidio, los elementos policíacos informaron que el esposo fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para el deslinde de responsabilidades, ya que cayó en varias contradicciones al realizar su declaración inicial.

Con base en los resultados preliminares de diversos actos de investigación a cargo de un equipo de Ministerios Públicos y con el apoyo de policías de la División de investigación, así como personal pericial de la División científica, se pudo determinar la probable responsabilidad de Miguel H.S.J.

Los datos de prueba recabados fueron suficientes para solicitar ante la autoridad judicial la orden de aprehensión contra el probable, misma que posteriormente fue cumplimentada por elementos de la División de Investigación.

El imputado fue presentado ante la autoridad judicial, quien le dictó la vinculación a proceso luego de la formulación de la imputación a cargo de esta representación social.

Finalmente mediante un procedimiento abreviado, el responsable fue sentenciado a una pena de 31 años y tres meses de prisión.