NÚMEROS CLAROS
Los daños económicos y sociales de la corrupción son incalculables
La lucha contra la corrupción deberá ser el eje central del nuevo gobierno y dar resultados creíbles para garantizar su continuidad y evitar la decepción de los ciudadanos. México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), adoptada en Mérida, Yucatán, en 2003 y en vigor desde 2005; la cual ha incorporado ya a 126 países.
La Convención de la ONU ha adoptado medidas para prevenir y combatir la corrupción, fomentar la cooperación y dar asistencia técnica, promover la rendición de cuentas y la correcta gestión de asuntos y bienes públicos; sin embargo, de poco ha servido de cara al hundimiento de México en el ranking mundial de la corrupción de Transparencia Internacional, que situó la corrupción en el sector público en el lugar 135 en 2017, luego que en 2012 estuviera en el 105 entre 180 países.
Los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, que mide la satisfacción de los ciudadanos por los servicios públicos básicos y bajo demanda, así como sus experiencias en pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contactos con autoridades, ubicó a la corrupción en el segundo sitio entre las preocupaciones de los encuestados, pasando del 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017.
El problema es evidente, el fenómeno está provocando enormes daños a la economía nacional y afectando el desarrollo social del país. El subdirector de Investigación Económica del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gian Maria Milesi, considera que el crecimiento de la economía ha sido discreto para el potencial que tiene México; explicando que su lento crecimiento es debido a “la prevalencia de la corrupción y la inseguridad”.
En efecto; pese a los 16 tratados de libre comercio firmados por México con diversos países en el mundo, el crecimiento de su economía ha sido mediocre. De 1994 en que entró en vigor el TLCAN a la fecha, la economía nacional sólo ha crecido a un ritmo promedio anual del 2.4% y en los últimos 3 sexenios, seguramente, se confirmará que está atascada en un 2.2%, en promedio anual.
La corrupción y la violencia en México ha trascendido las fronteras y Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, ha dicho que nuestro país necesita asesores internacionales para combatirla; sin embargo, la solución no está ahí, sino en la voluntad política del gobierno para erradicarla y en la creación de un pequeño ejército de funcionarios públicos incorruptibles.
Entre las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU destaca la creación de un “consejo asesor para proponer estrategias contra la impunidad”, integrado con expertos nacionales e internacionales, igual que lo planteado por Open Society en su documento: “Corrupción que mata”; propuesta que de algún modo se ha materializado en el “Sistema Nacional Anticorrupción”.
En marzo de este año, el Comité de la ONU para Derechos Económicos Sociales y Culturales, cuestionó al gobierno de México sobre su lucha contra la corrupción en la sesión en que se evaluó el informe del país; ahí Mikel Mancisidor, relator del Comité para México preguntó: “¿Cuenta el Estado con una verdadera política de Estado contra la corrupción?”. Temo que pese a la creación del “Sistema Nacional Anticorrupción”, aún nuestro país no tenga una verdadera política de Estado, transexenal, de combate, inhibición y aniquilación de la corrupción.
Los daños económicos y sociales de la corrupción son incalculables. No sólo se trata de dinero, tampoco de licitaciones públicas reservadas o concursos de oposición “amañados”; facturas de gastos personales y de la familia a cuenta del presupuesto público; sino de actos de simulación en el ejercicio de las políticas públicas, que están hundiendo en la pobreza y frustración a los mexicanos.
Por ejemplo, en septiembre de 2017, el Banco Mundial publicó su Informe sobre el desarrollo mundial 2018 y advirtió de la existencia de una “crisis del aprendizaje” en la educación a nivel mundial, señalando que “millones de jóvenes estudiantes de países de ingreso bajo y mediano enfrentan la posibilidad de perder oportunidades y percibir sueldos más bajos en el futuro debido a que la escuela primaria y secundaria no les brindan las herramientas necesarias para prosperar en la vida.”, lo anterior debido a la simulación entre autoridades y profesores que no enseñan y los jóvenes terminan sin aprender.
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en su encuesta sobre mejora regulatoria, señala que la corrupción con un 18.6%, es uno de los factores más elevados que inhiben los negocios En su Informe sobre “Anatomía de la Corrupción” 2015, indicó que las inversiones se reducen en un 5% en países con corrupción y según datos del Banco de México, la corrupción representa 9% del PIB. El INEGI en su “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017” dijo que ésta tiene un costó $2,273 para cada mexicano.
El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en la Cumbre contra la Corrupción de Londres en 2016, señaló: “La corrupción equivale, simplemente, a robar a los pobres. Constituye un doble menoscabo del crecimiento y la prosperidad, en lo que se refiere no solo al desvío de recursos de sus fines previstos sino también a los efectos a largo plazo de los servicios que no se prestan: falta de vacunación, falta de suministro de útiles escolares, falta de construcción de caminos.”, subrayó.
Pero el Sistema Nacional Anticorrupción no basta. Es necesario revisar la Auditoría Superior de la Federación y evitar que haya sido blindada por el gobierno saliente, a fin de encubrir la corrupción y la impunidad.
