Dilma Rousseff fue destituida por Senado de Brasil
● El proceso de ‘impeachment’ termina con el mandato de la primera presidenta mujer de Brasil y con 13 años de gobierno de su partido
Centenares de especialistas han declarado que lo de Dilma ni es delito ni es algo raro: todos los presidentes lo han hecho. Uno de sus más fervientes defensores, el ex ministro de Economía Nelson Barboza replicó el sábado: “Ustedes han decidido que hay un crimen y luego han buscado el delito”.
El senado brasileño condenó a Dilma Rousseff por 61 votos a 20 a dejar desde ayer de forma definitiva la presidencia (siete votos más del mínimo exigido por la Ley de Impeachment). Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), apartada provisionalmente del cargo desde mayo, tiene también un mes de plazo a partir de ayer para abandonar para siempre el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial durante seis años, dos mandatos y medio.
Brasil culmina así el cambio de Gobierno más traumático y esquizofrénico de las últimas décadas. La votación constituyó el último y esperado capítulo de un largo proceso de impeachment que comenzó el 2 de diciembre y que ha mantenido al país en suspenso. Sin embargo, la presidenta no ha quedado inhabilitada de la vida pública durante los siguientes ocho años como sí buscaba la segunda votación de la jornada.
Rousseff decidió aguantar hasta el final y apurar todas y cada una de las fases a pesar de que las previsiones aventuraban su fracaso casi desde el principio. Su resistencia era más simbólica que práctica, encaminada a dejar claro que no aceptaba ni aceptaría jamás el veredicto y que se sentía juzgada no solo injusta sino antidemocráticamente. “Estamos a un paso de la concretización de un verdadero golpe de Estado”, dijo Rousseff el lunes, delante de los 81 senadores que la juzgaron.
Michel Temer, el presidente interino (antes vicepresidente y aliado de Rousseff, ahora enemigo declarado de ella) asumió la presidencia completa ayer mismo para marchar después a la cumbre del G-20 en China.
El origen remoto del proceso hay que buscarlo en un informe de tres abogados que denunciaron a la presidenta hace más de nueve meses por maquillar las cuentas públicas a base de hacer trampas con el presupuesto mediante un abstruso mecanismo de préstamos públicos. Los senadores brasileños se han pasado horas y días y meses discutiendo en un perpetuo Día de la Marmota sobre si el retraso por parte del Gobierno en reembolsar un pago efectuado por un banco público a un programa estatal se podía considerar delito o no.
