A casi un año y medio de que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) diera a conocer las listas de los partidos políticos que perderían su registro en la entidad, el Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH) no ha sido liquidado y el atraso por presunta negligencia del órgano electoral y la omisión que ha hecho del proceso, le podría costar a los hidalguenses cinco veces más de lo que en un inicio se había presupuestado.
En entrevista para Diario Plaza Juárez, Sharon Madeleine Montiel Sánchez, ex presidenta del Comité directivo del partido, informó que al inicio se contemplaba un adeudo con trabajadores, proveedores y prestadores de servicios de alrededor de 500 mil pesos pero ahora con intereses legales y moratorios, esta deuda podría alcanzar los tres millones de pesos, sin contar las multas impuestas por los órganos electorales, mismas que de acuerdo con el Código Electoral, se deben contemplar en un proceso de liquidación de partido sólo si sobran recursos una vez pagada la liquidación de ex trabajadores, a los proveedores y a los prestadores de servicios.
“La ley marca que a los ex trabajadores se les debe dar una liquidación y como la interventora, María Rebeca Cruz Bustos, rescindió contratos generó una pena convencional que fue del 50 por ciento del objeto del contrato”, dijo Montiel Sánchez, y agregó: “era una deuda original de alrededor 500 mil pesos, a la fecha el adeudo por la omisión de pago ha aumentado por intereses legales, moratorios y pena convencional. Por lo que los adeudos equivalen actualmente a un monto aproximado de tres millones de pesos”, enfatizó.
El IEEH puso un perfil no indicado
Sin embargo, el tema de la liquidación del PESH, no sólo afronta actualmente esa deuda, que de no pagarse seguirá incrementándose en detrimento de la economía hidalguense (ya que los recursos utilizados para estos fines proceden del financiamiento público) sino que desde un inicio se han tenido diversas irregularidades como la asignación de un perfil que no corresponde a lo que debe ser un interventor para la liquidación de partidos políticos, ya que de acuerdo con el Registro Nacional de Profesiones, María Rebeca Cruz Bustos ostenta la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y la Maestría en Valuación Inmobiliaria E Industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción en Hidalgo.
Perfil profesional que no concuerda con lo señalado por el artículo once del capítulo cuarto del Reglamento para el Procedimiento de Liquidación de las Obligaciones de los Partidos Políticos Locales que Pierdan su Registro: “El interventor deberá contar con título profesional, como contador o administrador y, demostrar tener experiencia práctica en la materia”.
Y pese a que al ex presidenta del PESH hizo la observación ante el IEEH se hizo caso omiso lo que marca una violación expresa a la norma.
La interventora violó procedimientos
Por su parte, la interventora, que carece de experiencia demostrada en liquidación de partidos y que no cuenta con el perfil señalado por el reglamento, ha caído en diversas violaciones a los procedimientos e incluso usurpó funciones ya que un plazo de 15 días estipulado por la ley para que se publicará la convocatoria de acreedores en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), la interventora, María Rebeca Cruz Bustos lo redujo a 10 días y posteriormente emitió un alcance para dar cinco días más sin que se diera claridad sobre la ejecución de este segundo plazo, modificación que Montial Sánchez argumentó “es una función única de los diputados, son ellos los únicos que pueden modificar los plazos”.
Y a pesar de toda la situación el IEEH priorizó el pago a la interventora, quien no ha podido liquidar al partido político local pero que ya cobró alrededor de 450 mil pesos como salario.
Dos administraciones iguales
El tema que inició en la pasada administración del IEEH que encabezó la ex consejera Guillermina Vázquez Benítez, y en la que fungió como Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Arnulfo Sauz Castañon, no ha tenido avances ni ha sido resuelto por la actual presidencia del IEEH que encabeza María Magdalena González Escalona.
A pesar de los oficios y la información que Sharon Madeleine Montiel Sánchez proporcionó al instituto y cuyas copias tiene Diario Plaza Juárez, ni el consejero José Guillermo Corrales Galván, presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, ni el consejero Alfredo Alcalá Montaño, así como el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, José Alfredo Huitzil Navarro, han movido un solo dedo para solucionar la situación.
¿Cómplices en el IEEH?
Lo anterior, podría convertir en cómplices a Galván, Montaño y a Navarro, al no cumplir con la responsabilidad que les mandata el reglamento para liquidación de partidos políticos, ya que no vigilaron el proceso, y no notificaron a las autoridades las irregularidades y la posible comisión de delitos, no removieron a la interventora que de inicio no cuenta con el perfil estipulado. “Pareciera que han secundado la secuencia de la comisión de violaciones junto con la interventora, y no han dado cumplimiento a sus obligaciones de fiscalización del procedimiento de liquidación”, refirió Montiel Sánchez.
Además de que la consejera presidenta del IEEH, Magdalena González Escalona, también ha sido omisa de la situación ya que no puede haber un asunto, como el pendiente de liquidación de un partido político que desconozca, aunque según la ex presidenta del PESH ha actuado de igual forma que su antecesora, Guillermina Vázquez Benítez, quién fue removida del cargo unos meses antes de que concluyera su administración por un tema similar que costó más de seis millones de pesos al estado de Hidalgo.
Hoy la deuda que entregó el PESH de alrededor de 500 mil pesos se podría incrementar hasta en tres millones de pesos, derivado de la presunta negligencia con la que ha actuado el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), desde la presidenta, los consejeros, directivos y otros implicados, a los que pareciera poco importarles que a un año y medio de distancia no puedan concluir un proceso de liquidación de un partido local.
