IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO

Datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, revelan que la gran mayoría de los países caribeños, y una minoría de los latinoamericanos, no han firmado, ni ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General en 1999, en el caso de México, sólo se ha ratificado el protocolo en el año de 2002.  

Empero, la participación legislativa en México ha mantenido el camino que encabeza la paridad en los parlamentos nacionales junto con Cuba y Nicaragua con el 50 por ciento o más de la representación de mujeres, hechos que privilegian a México gracias a los cambios legislativos en sus distintos instrumentos jurídicos con la paridad en las candidaturas electorales.

En el caso de mujeres alcaldesas electas de 28 países los resultados son distintos, aunque a un ritmo más lento México ha avanzado significativamente, ocupando el quinto lugar con el 21.6 por ciento, seguido de Venezuela con 22.7, Suriname 26.7, Nicaragua 42.7 y Cuba con un 47. 

Lo cierto es que, a pesar de las leyes en ambos casos las mujeres representantes enfrentan grandes desafíos para garantizar sus derechos políticos electorales, tanto en las contiendas, como en el desempeño de su cargo frente a las barreras estructurales y cultura basada en modelos patriarcales y machistas que se expresan su acceso desigual.

Los representantes de los partidos políticos que son juez y parte de los hechos, son quienes motivan e impulsan a mujeres y hombres en su liderazgo político a implementar acciones múltiples de denostación y violencia a las mujeres por el hecho de ser mujeres, además de trampas e ilegalidades que influyen y fortalecen las barreras estructurales para hacer que las mujeres pierdan las elecciones, o fracasen en su desempeño.

Ilegalidades que en muchos casos han sido denunciadas por las mujeres candidatas o en el ejercicio de su función con un impresionante desgaste de trámites, dinero y tiempo en el proceso legal. 

El informe sobre las quejas, denuncias y vistas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral hasta abril de este año, indicó que, de 189 se realizaron 59 procedimientos especiales sancionadores, 9 cuadernos de antecedes y se determinó la incompetencia de 122 quejas, lo que representa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial encontró que sólo 18 casos de 189 se encontraron con violencia política por razones de género. 

Así entonces, la pregunta es ¿Qué pasó con las demás quejas, denuncias y vistas? ¿Acaso la interpretación de hechos y leyes de 171 mujeres representantes y especialistas en materia jurídica son incorrectas o desatinadas?, la influencia política de asumir un papel de juez y parte, ¿será la clave en esta problemática?

Lo anterior, deja ver claramente que nuestras leyes son de cristal, quebrantándose en los procesos jurídicos, por lo que necesitamos que instancias internacionales como ONU Mujeres por citar alguna, promueva la garantía a un acceso equitativo de las mujeres en las esferas políticas con la implementación verdadera de las leyes electorales y sanciones para defender las candidaturas y derechos electorales de las mujeres.