OPINIÓN

El 18 de marzo pasado, el Senado de la República aprobó el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuerpo normativo que regulará las disposiciones contenidas en el artículo 6º de la Constitución en materia de acceso a la información. 

Se trata, sin lugar a duda, de un trascendente logro social que abonará al fortalecimiento de nuestra democracia, a la ampliación del ejercicio de ese derecho en todo el país, sin discriminaciones, restricciones ni limitantes, toda vez que promoverá la participación ciudadana y dará a ésta una poderosa herramienta jurídica para exigir una rendición de cuentas efectiva.
El proyecto aprobado es resultado de un ejercicio plural, incluyente, abierto a la sociedad, en el que los senadores de todos los grupos parlamentarios atendieron propuestas y preocupaciones de organizaciones sociales, instituciones educativas y autoridades garantes, para integrarlas en un cuerpo normativo consecuente con el espíritu de la reforma constitucional en transparencia, vigente desde febrero de 2014.
La Ley sentará las bases para el diseño de una nueva generación de leyes a nivel federal y estatal, que habrán de ser analizadas y votadas próximamente por el Congreso de la Unión y los congresos locales, una vez que la Cámara de Diputados ratifique la minuta que recibió del Senado de la República y se haga la correspondiente promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Como comisionada presidenta del IFAI tengo la convicción de que se ha dado un paso de trascendencia internacional, reforzando con ello el liderazgo de México como referente en transparencia y acceso a la información.
Como ya lo han manifestado algunos legisladores, la expectativa, ahora es que la Cámara de Diputados reivindique su compromiso con la transparencia, ratificando la Ley aprobada por el Senado y permitiendo con ello garantizar la protección de los avances que hemos logrado en la materia.
En este sentido, destaca el hecho de que el proyecto de ley aprobado por los senadores incorporó una serie de principios que nos permitirán homologar principios, normas y procedimientos que regirán el ejercicio del derecho de acceso a la información en el país.
De esta manera, reconozco la disposición de los senadores para ser receptivos a las ideas y preocupaciones de quienes nos manifestamos a favor de la conformación de una ley de avanzada que nos permitiera convertir el derecho de acceso a la información en una herramienta útil de la vida democrática.
Un ejemplo de ello, y que fue tema de debates, es el que la información pública en poder de los sujetos obligados sólo podrá ser clasificada como reservada, por razones de interés público y seguridad nacional, en términos de la Ley, salvo aquella que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Del mismo modo, se incluyó la prueba de daño y la prueba de interés público, para determinar la clasificación de información.
También, resulta relevante subrayar que, de manera innovadora, la Ley reconoce la importancia de garantizar la accesibilidad a la información por parte de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones.
Es importante destacar que con este marco normativo se coloca a las personas en primer plano, pues, por un lado, se establecen los mecanismos necesarios para que los procedimientos sean sencillos y expeditos, y, por otro, se promueve entre los servidores públicos que la información que generen en el ejercicio de sus funciones se encuentre en formatos abiertos y accesibles.
De cara a los nuevos retos que enfrentamos para el establecimiento de una nueva cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el país, en el IFAI reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en todo el país.
Pero, sobre todo, nos manifestamos honrados de formar parte de una nueva etapa para la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.
Una etapa de renovación y cambio que ha impulsado a México como referente en materia de transparencia y al IFAI como el primer organismo garante autónomo de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en el mundo.