Este miércoles en el Senado de la República se aprobó la Ley de Transición Energética, cuya minuta se ha devuelto a la Cámara de Diputados para los tramites constitucionales correspondiente. La Ley regulará el aprovechamiento
sustentable de la energía en el país.
En el marco de las discusiones que se realizan en Paris en el seno de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015
(COP21/CMP11), las cuales deberán concluir el próximo 11 de diciembre con
un nuevo acurdo global para impedir que el calentamiento global supere los 2
grados, en México se avanza en la concreción de compromisos internos para
aportar a la lucha en contra del deterioro de la vida en el planeta.
Este miércoles en el Senado de la República se aprobó la Ley de Transición
Energética, cuya minuta se ha devuelto a la Cámara de Diputados para los
tramites constitucionales correspondiente. La Ley regulará el aprovechamiento
sustentable de la energía en el país y exige que al menos el 35% de la energía
utilizada en la industria provenga de fuentes renovables en el 2024,
imponiendo sanciones desde 700 pesos hasta 5 millones de pesos para
quienes violen las disposiciones establecidas en la Ley de Transición
Energética.
Aunque el proceso seguido para su discusión no fue tan democrático como
debió serlo, al final el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David
Penchyna, sacó el proyecto adelante; para lo cual promovió discusiones
privadas con senadores y empresarios.
Es lamentable que una Ley tan importante como ésta haya escapado a una
amplia discusión, no sólo en las dos Cámaras del Congreso, sino en toda la
sociedad, entre los trabajadores y empresarios, con el fin de que todos los
agentes de la economía nacional pudieran hacer sus aportaciones y establecer
sus compromisos, por lo que seguramente en las próximas legislaciones
volveremos a escuchar hablar de energías limpias más de una vez.
Algunos dirigentes empresariales cuestionan la Ley por considerar que pone en
riesgo la competitividad de México, cuando se han quedado sin opinión frente a
la política monetaria seguida durante los últimos 20 años por el Banco de
México, la cual ha restado competitividad a sus exportaciones al mantener un
peso sobrevaluado hasta en más de un 30% en algunos años.
Sin embargo, comparto el deseo de las principales agrupaciones empresariales
del país (CANACINTRA, CANACERO, CAINTRA NUEVO LEÓN, CCIJ,
CAMIMEX, CANAINTEX Y ANIQ) de propiciar un “verdadero debate sobre el
tema, en el cual se analicen y transparenten los costos e impactos que esta
iniciativa traería al país”, sólo que desde este espacio propondría que por su
importancia, las discusiones sobre la Ley de Transición Energética llegara a
toda la sociedad y a los Congresos Locales, dando un paso trascendental en la
emergencia mundial que hoy vive el planeta entero por las catástrofes
provocadas por el aumento del calentamiento global.
El que has ahora se señalen algunas metas para aumentar la paulatina
aportación de energías limpias al consumo industrial (25% al 2018, 30% al
2021, 35% al 2024, 45% al 2036 y 60% al 2050), no es suficiente sino se
ponen las reglas claras sobre la generación y consumo de energía entre los
productores y consumidores, si no se incorpora a los segmentos de la
población que hoy pueden ya convertirse en polos generadores de energía
limpia.
Sin duda, la confrontación reciente entre la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y la población, ha abierto una enorme brecha entre la empresa estatal y
los consumidores, planteado entre los ciudadanos la necesidad de buscar
fuentes independientes de energía para romper su relación con la CFE y la
corrupción que impera dentro de ella, la cual obliga a millones de hogares a
pagar exorbitantes facturas por el consumo de electricidad sin justificación
técnica valida.
Por esta razón, frente a un discurso retórico sobre los “beneficios” de la reforma
energética para los ciudadanos y frente a una Ley de Transición Energética, la
cual sea proyectado como algo sólo de interés de los empresarios, se hace
indispensable que los ciudadanos obliguen a sus representantes “populares”
en la Cámara de Diputados a bajar la discusión de la Ley a los ciudadanos y no
hacer de ella una Ley elitista, discutida y pactada “en lo oscurito” entre algunos
senadores y empresarios, asumiendo toda la representatividad de un pueblo.
