Conciencia Ciudadana
¿Por qué habría de querer militarizar al país Peña Nieto? El y los suyos saben la militarización de la lucha contra el crimen organizado han resultado un fracaso, a menos que el incremento de los indicadores de delincuencia, el auge del narcotráfico y el secuestro y sobre todo las víctimas mortales de dicha guerra (que se eleva ya a más de 200 mil) durante los últimos diez años puedan considerarse sinónimos de éxito
Al senador Belisario Domínguez,
Defensor de la república asesinado por la dictadura.
Es una realidad que de ser aprobada la Ley de Seguridad Interior en el Senado de la República comenzaría, no sabemos si por breve o largo plazo, una dictadura en México. El tema de la seguridad interior, que parece ser el núcleo de la propuesta de ley aprobada ya por la Cámara de Diputados y en espera de que los Senadores hagan lo mismo, no es en los hechos, sino el otorgamiento permanente de facultades extraordinaria al presidente de la República, como jefe supremo de las fuerzas armadas para ordenar a éstas investigar, detener y combatir no solo a los delincuentes dedicados al crimen organizado, sino a todo aquél civil al que él o sus subordinados consideren como un peligro real o potencial para la paz interior, sin necesidad de una orden respectiva por parte de la autoridad judicial.
Enrique Peña Nieto está jugando con fuego, en el peor momento de su administración. Primero, porque su aceptación social -de acuerdo a las encuestas de opinión más autorizadas-, es la más baja que presidente alguno haya alcanzado en los últimos 30 años, lo cual es mucho decir. De un presidente con una impopularidad tan alta que promueva la presencia permanente del ejército en labores de seguridad pública no puede esperarse otra cosa que el afán de apoyarse en las armas frente a la acción de los civiles.
¿Qué puede mover entonces al presidente y su círculo de poder para intentar imponer a toda costa una dictadura presidencial disfrazada utilizando a las fuerzas armadas? Analicemos algunas posibles explicaciones:
La que se más se nos ha vendido es la exigencia del ejército y la marina al poder legislativo para aprobar la ley ideada por Peña que, de repente, se volvió perentoria argumentando la necesidad de legalizar la intervención militar en la guerra contra el crimen organizado, hasta ahora fuera de la Constitución, la cual exige la declaratoria de un estado de excepción o “toque de queda” para suspender las garantías individuales y que legalmente solo puede autorizar el Senado a petición expresa del presidente de la República para un período de tiempo determinado.
Si el ejército y la marina son capaces de doblegar a los legisladores y hacerlos que aprueben en “fast track” la ley como ya lo hicieron los diputados, solo puede ser por dos razones: Una, que los militares ya cuentan con mayor poder que el legislativo y que son capaces de doblegarlo para cambiar la ley de acuerdo a sus necesidades e intereses y entonces estamos ante la amenaza de un golpe de estado si no se les da gusto. Pero si esto es falso, la respuesta sería que es el jefe nato de las fuerzas armadas, quien está personalmente interesado en convertir al ejército y la marina en la fuerza policíaca más poderosa del país para actuar más allá del poder legislativo, el judicial y los estados de la Unión. Es decir, que si no es verdad que los militares ya pueden obligar al poder civil a obedecerlo, sólo queda pensar que la decisión de militarizar el país es de su jefe nato, el presidente de la república.
Pero ¿por qué habría de querer militarizar al país Peña Nieto? El y los suyos saben la militarización de la lucha contra el crimen organizado han resultado un fracaso, a menos que el incremento de los indicadores de delincuencia, el auge del narcotráfico y el secuestro y sobre todo las víctimas mortales de dicha guerra (que se eleva ya a más de 200 mil) durante los últimos diez años puedan considerarse sinónimos de éxito.
Como se sabe, paralelamente a su participación en la lucha contra la delincuencia organizada, las fuerzas armadas se han visto involucradas en la represión violenta contra estudiantes, luchadores sociales y civiles e indígenas que, por azares del destino, tuvieron la desgracia de cruzarse con tropas o agentes encargados de actuar letalmente contra cualquier objetivo que se les ordene, porque los militares nunca actúan por iniciativa propia. Esos operativos suman ya en su haber un elevado número de víctimas y, sin lugar a dudas, existe la posibilidad de que Enrique Peña y algunos militares – y también civiles-, sean llevados ante la justicia internacional por acusaciones de desaparición o muertes de civiles inocentes sacrificados en aras de la “obediencia debida” que pregonan quienes delinquen en las instituciones por órdenes superiores.
Otra tesis que se maneja es la injerencia del gobierno norteamericano en las decisiones estratégicas del gobierno peñista, demostrada desde que el “Plan Mérida”, firmado con EU, permitió la presencia en México de agentes y asesores del vecino país adquiriendo mayor presencia e influencia en las fuerzas armadas mexicanas. Sin posibilidad ni voluntad de detener a los gringos, el gobierno mexicano ha cedido incluso a la participación del ejército mexicano en el Comando Norte organizado por EU con sus aliados desde hace tiempo, relación a la que los gobiernos mexicanos anteriores a Salinas, se habían negado y que hoy es cada vez más estrecha.
Al hacerlo, los presidentes mexicanos no solo han violado la Constitución de la república, sino que integran cada vez más a los soldados mexicanos a las decisiones estrategias del imperialismo norteamericano y ponen en peligro nuestras relaciones a nivel internacional con países con los que ningún conflicto no separa. Así, con la posibilidad de una injerencia mayor en la vida civil al contar con la ley de seguridad interior que pretende Peña; el ejército mexicano (ya de por sí distanciado de los principios nacionalistas y soberanistas que le dieron origen) se convertiría en un aliado estratégico de las políticas yanquis en nuestro país, una “guardia blanca” dedicada a someter a las población por el miedo, la represión y la violencia.
Para lograr su propósito, Peña cuenta también con la paralización o de plano la colaboración de los partidos políticos, empeñados en este momento en la lucha electoral y sin ganas aparentes de oponerse a la aprobación de la ley de seguridad por miedo a perder el apoyo de la opinión pública. Ni siquiera Morena ha querido activar su potencial de movilización social por miedo a ser tachada de problemática y echarse encima a los militares, sin darse cuenta que de aprobarse la ley de seguridad la semana próxima, el resultado de las elecciones estarían cantadas de antemano; el gobierno logrará imponer a su candidato con los recursos usuales para tales menesteres y el próximo presidente será un tecnócrata al servicio de los capitales mexicanos y norteamericanos; más débil aún que Peña, incapaz de oponerse a las exigencias de Donald Trump; en fin, un virrey y no un presidente de la república, pero apoyado en la ley de seguridad interior para implantar el orden dictatorial en México.
Hablar de que todos los legisladores han claudicado a la dignidad de su representación y a la defensa de los intereses nacionales no resulta adecuado; porque aunque sean solo unos cuantos, la Nación cuenta aún con voces que la defienden desde la tribuna, ante la burla y el desdén de quienes han decidido que la vida de sus hijos transcurra en un régimen autoritario y la presencia permanente de las fuerzas armadas en las calles. Y es por su actitud que esos pocos legisladores que se opone al engendro de ley merecen el reconocimiento y respeto de la Conciencia Ciudadana.
Mientras tanto, la opinión pública, oscilando entre la distracción y la apatía – manifestaciones ambas del miedo que la invade-, prefiere no mirar al crimen que se perpetra frente a su vista. En ese mar de indiferencia social, no dejan sin embargo de escucharse las voces de unos cuantos mexicanos llamando a la movilización social que, si el tiempo alcanza, podría tener un impacto suficiente para despertar a la in-conciencia ciudadana de su letargo.
Por su parte, quienes tienen la tarea de informar y formar, es decir, los medios de comunicación han intentando minimizar el drama que se vive en las cámaras federales ocultando o de plano, impidiendo que la discusión sobre esta ley (prolegómeno a una ruptura del orden constitucional vigente de consecuencias impredecibles) ocupe el lugar que se merece en sus páginas o su programación.
Así las cosas, las próximas horas son decisivas. El senado ha detenido la discusión y aprobación para permitir que la comisión de derechos humanos, un alto comisionado de la ONU y otros representantes de la sociedad civil den su opinión fundamentada que, en todos los casos ha sido contraria a la ley de la dictadura. Si el Senado la desaprueba o simplemente hace cambios a algunos artículos, la ley regresaría a los Diputados para una segunda revisión y aprobación definitiva. De lo contrario, sería votada y aprobada por la mayoría priísta, los panistas “rebeldes” (rebeldes a Anaya, presidente de su partido, pero sumisos a Peña Nieto), los diputados del panal y algunos perredistas que nunca faltan. La Conciencia Ciudadana debe estar al pendiente y actuar en consecuencia.
VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS CON NOSOTROS.